Las otras políticas públicas
Nuevo modelo para el campo
Carlos Toledo Manzur
El campo mexicano se encuentra en
una grave situación desde hace muchos
años, tanto en los aspectos económicos,
como en los sociales y ambientales, la
cual se ha recrudecido recientemente debido
tanto a la crisis alimentaria como a la económica
global. Por ello, sigue siendo un asunto
de primordial importancia la reforma de las
políticas públicas aplicadas al sector rural con
el fin de impulsar un nuevo modelo de desarrollo
integral y sustentable que permita recuperar
el crecimiento económico y superar los
graves desequilibrios y rezagos en este sector.
En efecto, desde hace más de 30 años el
sector rural se encuentra estancado sin avances
reales en su producto interno El modelo
económico desarrollado en las dos décadas
anteriores no ha logrado reactivar la producción
rural y sí ha profundizado la desigualdad
y la polarización. A pesar de las expectativas
de la apertura comercial, la balanza
comercial agroalimentaria mantiene un importante
déficit de poco más de seis mil millones
de dólares anuales (en 2008), mientras
que nuestro país sigue siendo dependiente
de las importaciones de granos básicos, principalmente
de maíz y de soya, vulnerando
nuestra soberanía alimentaria.
Las políticas públicas siguen teniendo un
carácter regresivo y continúan apoyando con
acciones de fomento productivo principalmente
a los productores empresariales del norte
del país, mientras que la población mayoritaria
de los campesinos pobres se margina cada
vez más de los mercados, no tiene acceso a los
apoyos para mejorar su producción y sólo se le
destina ayudas asistenciales que no le permiten
su mejoramiento estructural y productivo.
Así, la muy grave situación social del campo
ha empeorado en los años recientes. Existen
más de 12 millones de habitantes rurales que
viven en pobreza extrema (alimentaria), lo que
representa el 32 por ciento de la población que
habita en localidades menores de 15 mil habitantes;
esto significa que seis de cada diez de los pobres
extremos se encuentran en el campo; mientras
tanto, quienes padecen pobreza patrimonial
ascienden a 23.4 millones, equivalentes a 60.8
por ciento del total de habitantes del campo.
Y los recursos naturales continúan deteriorándose;
aunque son la base de la producción
primaria, son sometidos a serios
procesos de destrucción: más de dos terceras
partes de los suelos se encuentran erosionados,
la contaminación y el agotamiento de
las fuentes y cuerpos de agua se incrementan
y la deforestación disminuye la superficie
forestal y profundiza los procesos de destrucción
de la biodiversidad.
La política de desarrollo rural iniciado
hace dos décadas ha seguido la visión del
modelo neoliberal, profundizando la polarización
y las desigualdades sin lograr resultados
positivos para el campo y sus habitantes;
además, el enfoque de la política para el sector
primario sigue siendo sectorial y descoordinado,
ya que a pesar de las disposiciones
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
(LDRS), la articulación de los programas
de las diversas instituciones deja mucho qué
desear y el Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural (PEC) se integra
prácticamente sólo en el papel.
Los espacios de participación de la sociedad
para la planeación y conducción del
desarrollo rural son simulados, y la relación
con las organizaciones campesinas tiene un
carácter fuertemente clientelar y no se establece
a partir de acuerdos estratégicos sobre
la política rural, debido a que el gobierno
federal impulsa una visión que la mayoría
de los productores no comparte. Además,
existe en el gobierno federal una tendencia
hacia la centralización en la conducción
del desarrollo del campo y de freno al proceso
federalista.
Por todo lo anterior se requiere urgentemente
un viraje.
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SE DEBE IMPULSAR
LAS SIGUIENTES
LÍNEAS DE POLÍTICA
PÚBLICA:
1 Fortalecer el crecimiento y la integración
de los presupuestos públicos al campo,
orientándolos prioritariamente hacia
los productores pobres del sur del país.
2 Reorientar la políti ca general con base
en los conceptos de soberanía y seguridad
alimentarias para desti nar mayores
apoyos a la producción de granos básicos
y a la reducción de la dependencia
externa, a fi n de sanear la balanza comercial
y fortalecer la producción de
alimentos para la autosufi ciencia de las
familias y comunidades (especialmente
las más pobres y marginadas), las regiones,
los estados y el país.
3 Impulsar una políti ca de fuerte contenido
territorial que reconozca la enorme
diversidad regional de los sistemas
producti vos y las dinámicas socioeconómicas
y culturales para aplicar una
políti ca diferencial en coherencia con
las parti cularidades geográfi cas sobre
la base de una intensa parti cipación de
la sociedad y en la planifi cación a mediano
y largo plazos como producto de
la concertación entre los diferentes actores
públicos, privados y sociales.
4 La superación de la pobreza rural debe
ser uno de los objeti vos primordiales de
la políti ca de desarrollo rural del país.
Por ello las políti cas públicas de fomento
económico deben priorizar la atención
integral a los campesinos pobres,
para lograr su seguridad alimentaria,
por medio del apoyo a sus sistemas producti
vos como el traspati o y la milpa, a
proyectos producti vos estratégicos, a la
capacitación y asistencia técnica y a la
transferencia de tecnología adecuada;
por medio también del acercamiento de
servicios fi nancieros y del vínculo a los
mercados con mecanismos efi cientes de
comercialización, entre otros aspectos.
5 En coherencia con el mandato de la
LDRS, se debe reforzar la coordinación
insti tucional para aplicar una políti ca rural
integral y arti culada, para lo que es necesario
reforzar la Comisión Intersecretarial
y el sistema de consejos para el desarrollo
rural sustentable, pero sobre todo consolidar
el PEC a fi n de lograr una mayor y
más efecti va arti culación de los programas
de la disti ntas insti tuciones de apoyo
al campo, tanto en el ámbito nacional
como en el estatal, distrital y municipal.
6 Fortalecer la transparencia, rendición
de cuentas y evaluación de los programas
orientados al desarrollo rural. Las
acciones llevadas a cabo por los ejecuti
vos estatales y federal deben ser evaluadas
externamente por los poderes
legislati vos respecti vos, sin demérito
de los componentes de evaluación y seguimiento
al interior de los programas.
7 A partir de la LDRS, que representa un
parteaguas en el diseño insti tucional para
la concurrencia, e incluye lineamientos
estratégicos de largo aliento para el sector,
se debe conti nuar el trabajo legislati -
vo y completar el marco jurídico que dote
al campo de instrumentos legales que
apoyen la implementación del modelo
integral y sustentable que se requiere.
8 Se debe fortalecer el federalismo en el
diseño, operación y evaluación de la políti
cas rurales, por medio de un reforzamiento
del papel y las atribuciones de las
enti dades federati vas. Es necesario profundizar
el modelo de descentralización
que inició Alianza para el Campo, y que
se conti núa con la modalidad uno de ejecución
de los programas de la Secretaría
de Agricultura, para extenderlo a todos
los programas de apoyo al campo de las
diferentes dependencias. Se requiere culminar
el proceso de transferencia de los
distritos de desarrollo rural a los gobiernos
estatales para fortalecer su carácter
operati vo y consolidar el papel normati vo
y de orientación estratégica de las insti -
tuciones federales. En los procesos de
federalización, se debe consolidar la visión
integral y territorial para que no sea
sólo una transferencia administrati va, y
así aprovechar la oportunidad para un intenso
trabajo de reingeniería de procesos
que refuerce las capacidades de las organizaciones
sociales para parti cipar como
interlocutores y corresponsables.
9 Impulsar una nueva visión de reconversión
producti va para el logro de acti vidades
económicas rurales modernas, sostenibles
y equitati vas, concebidas como
un sector ampliado que trasciendan la
producción primaria y sean capaces de
jugar un papel dinamizador de la economía
regional; que impliquen un fuerte
contenido agro ecológico, y que incorporen
los criterios de sanidad, inocuidad
y fomento de los productos orgánicos y
sustentables. La inclusión de esquemas
de identi fi cación, valoración y retribución
para la protección de servicios ambientales,
y de integración con prácti cas
sustentables de manejo de recursos
naturales es una de las vías innovadoras
y de gran potencial para equilibrar la interacción
de las ciudades con su región.
10 Incorporar de manera plena los criterios
de conservación ambiental en
todos los ámbitos del desarrollo rural
a fi n de detener y reverti r los procesos
de deterioro ecológico como la contaminación,
la destrucción de los suelos,
la deforestación, la pérdida de la biodiversidad
natural y de la agro biodiversidad
y la desestabilización y agotamiento
de los recursos hídricos. El manejo
del agua y la conservación de los suelos
debe ser un instrumento prioritario del
fomento producti vo.
11 Se requiere consolidar la estrategia
de apoyo integral a las cadenas agro
alimentarias reforzándolas como instrumentos
de concertación, programación
y planeación para que den racionalidad
técnico-económica y viabilidad social a
los sistemas-producto. Las insti tuciones
gubernamentales, como representantes
del interés general, deben mediar entre
los diversos intereses que se expresan
en los procesos de integración de estas
cadenas para lograr la concertación necesaria
y la planeación estratégica que
permita el mejoramiento de la competi -
ti vidad global y la equidad social.
12 Es indispensable la promoción y el
apoyo a estrategias comerciales que
rescaten la identi dad regional de los
productos con el fi n de que consti tuyan
una vía de inserción en los mercados
nacional e internacional, aprovechando
las ventajas competi ti vas. Se trata de
lograr una oferta de calidad, con mayor
presencia de marca en el mercado
y con mejor capacidad de negociación
de las condiciones del intercambio por
parte de los productores.
13 Se necesita impulsar un sistema integral
de servicios fi nancieros para el
campo, que apoye y esti mule una cultura
del ahorro y el crédito en el sector,
ya que la enorme mayoría de los
productores no ti ene acceso a servicios
fi nancieros. Este sistema debe agluti nar
diversos servicios e incorporar a la banca
comercial a parti r de esquemas mixtos
de fi nanciamiento para promover el
crédito al campo desde las insti tuciones
de banca social, así como formar recursos
humanos especializados para atender
al sector de la producción primaria.
14 Es necesario fortalecer la políti ca
internacional para mejorar el posicionamiento
del sector agro alimentario en
los mercados globales Se debe buscar
la actualización y la revisión del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en materia agropecuaria, debido
a que el contexto ha cambiado con
respecto a cuando éste se fi rmó y a que
las condiciones de los productores mexicanos
no han evolucionado como se suponía
al momento de la negociación.
15 Deben impulsarse y consolidarse las
acciones de capacitación, asistencia técnica
y transferencia tecnológica, ya que
el éxito de las inversiones en proyectos
producti vos depende fuertemente de
que exista un esquema efi caz de prestación
de servicios profesionales para
lograr el fortalecimiento del capital humano
y social de los productores, especialmente
de los más desfavorecidos.
16 Se debe hacer un esfuerzo especial
de carácter presupuestal y logísti co para
impulsar de manera intensa la investi -
gación cientí fi ca y tecnológica en todos
los ámbitos de la producción rural, ya
que este elemento consti tuye sin duda
una de las principales palancas para el
desarrollo de la competi ti vidad. Se debe
incrementar sustancialmente los apoyos
a las universidades e insti tutos de investi
gación y reorientar sus líneas de trabajo
para atender las necesidades de las cadenas
agroalimentarias y las regiones.
17 Se debe impulsar una alianza con
las organizaciones campesinas sobre la
base de acuerdos estratégicos de políti
ca pública. Es necesario superar los
esquemas clientelares para buscar una
relación basada en las coincidencias de
enfoque y visión de largo plazo sobre el
campo. Se requiere fomentar la organización
económica de base y asignar
apoyos sobre la base de proyectos con
fundamento técnico y viabilidad económica.
Es muy importante lograr una
mayor apertura de los espacios de parti
cipación para las organizaciones en
los ámbitos territorial y sectorial.
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