 |
14 de noviembre de 2009 Número 26 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
 ILUSTRACIÓN: Diego Rivera |
Plutarco Emilio García Jiménez
Miembro del Consejo Consultivo de la CNPA
A fines de los 70s decenas de supervivientes zapatistas, algunos de ellos asistentes a la firma del Plan de Ayala en Ayoxustla, Puebla, aseguraban que dicho plan no se había cumplido; por ello muchas organizaciones campesinas regionales que se reunieron en octubre de 1979 en Milpa Alta, Distrito Federal, adoptaron orgullosamente el nombre del plan al constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
A 30 años de lucha de la CNPA, nadie puede afirmar que los objetivos del plan zapatista se hayan alcanzado; sigue habiendo concentración de la tierra –muchos latifundios rurales y urbanos no se han afectado– usurpación del poder, antidemocracia y corrupción. El surgimiento de la CNPA, como lo afirma Armando Bartra, “es la manifestación más acabada del agotamiento definitivo de la Reforma Agraria como fuente de legitimidad campesina del Estado posrevolucionario, y también de la más clara encarnación de la independencia social y política que hoy reclama la lucha de los trabajadores del campo”.
La CNPA representó un pacto entre organizaciones independientes, pero también la ruptura con el corporativismo, es decir, un claro deslinde del gobierno y de las organizaciones oficialistas. Con ello, también abrió camino para el surgimiento de nuevos proyectos de organizaciones campesinas de construcción horizontal, como la UNORCA en 1985 y otras que se crearon a finales de los 80s.
No fue casual que la primera acción de la CNPA fuera la movilización campesina contra el traslado de los restos del general Emiliano Zapata de su tierra natal al Monumento de la Revolución (noviembre de 1979), acción que pretendió realizar el gobierno de José López Portillo para conmemorar el centenario del nacimiento del revolucionario.
Varias movilizaciones regionales de los hombres y mujeres del campo, pero sobre todo la histórica marcha nacional campesina del 12 de mayo de 1981, marcaron el rescate del símbolo del zapatismo de las anticampesinas y represivas manos del gobierno para pasar a las manos callosas de los campesinos. Después de las movilizaciones que dieron origen a la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui en Sonora, la marcha campesino magisterial convocada por la CNPA y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representó un hito histórico, pues marcharon por las calles de la capital más de 50 mil manifestantes procedentes de todo el país, encabezados por los últimos veteranos zapatistas.
La CNPA es una de las organizaciones que más ha persistido en la lucha agraria; de hecho su surgimiento tuvo como ejes la lucha contra la represión en el campo y la lucha por la tierra. Con esta bandera, a la que se agregó la lucha por el control campesino de la producción y comercialización en el campo, ha estado presente en las tomas de tierras en varias regiones del país en los 80s, en la defensa del artículo 27 constitucional en 1991-93, junto con las organizaciones de la Coalición de Organizaciones Agrarias (COA) y el Movimiento Nacional de Resistencia Campesina (Monarca). Fue la única organización campesina nacional que no aceptó firmar el finiquito agrario que ofreció Carlos Salinas para dar por terminada la reforma agraria.
Las reivindicaciones agrarias, la democracia, la revocación de mandato y la justicia social, contenidas en el Plan de Ayala, han tenido tres momentos importantes en las luchas contemporáneas: el surgimiento de la CNPA (1979), los Acuerdos de San Andrés (1996) y el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) logrado con las grandes movilizaciones del Movimiento El Campo No Aguanta Más (2003). Las demandas agrarias de la CNPA se limitaron en un principio a la conquista de la tierra y a la defensa de las tierras en posesión de ejidatarios y comuneros. Los zapatistas del EZLN agregaron el usufructo de la tierra y los otros recursos naturales que alberga. Actualmente, comunidades de Morelos y otros estados defienden la tierra, el agua y el aire.
Por lo que respecta al planteamiento agrario del ANC, aunque pretende ser más integral al incorporar aspectos sociales y ambientales, hace concesiones en acciones gubernamentales que afectan el carácter de la propiedad social de la tierra, al aceptar la continuación de la certificación de tierras ejidales y comunales, medida privatizadora que han sido rechazadas en muchos lugares del país. En la actualidad, la lucha agraria en países de América del Sur (Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú), en Centroamérica, África y otras regiones del mundo, obligan a replantear el contenido del agrarismo, es decir, el concepto de reforma agraria.
Para los campesinos zapatistas la tierra no era sólo un campo para cultivar, la tierra era todo el entorno de su comunidad, sus recursos forestales, los animales silvestres, el agua y los espacios para sus ceremonias y para sus muertos. Hoy no se entiende la soberanía alimentaria sin la tenencia de la tierra y sin una agricultura campesina sustentable. Por eso la reforma agraria actual impulsada por La Vía Campesina Internacional, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano (Moicam) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) del Brasil, está enfocada al territorio con todo lo que éste contiene (agua, aire, recursos naturales, etcétera); a la redistribución equitativa de la tierra, con una visión integral que incluye las diferentes fases de la cadena productiva agropecuaria y agroindustrial, así como la diversidad productiva, tan necesarios ante la actual crisis alimentaria y congruente con las características de la agricultura campesina sostenible.
FDC bastión norteño de la agricultura campesina
Víctor M. Quintana S.
Producto fiel de su tiempo y del compromiso de muy diversos actores por una vida digna para las familias del campo es el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC). Nace en 1985 como una reacción a los primeros ataques a la agricultura campesina por parte del paquete de ajuste estructural de los neoliberales en 1983, pero también como una revuelta en pro de la democracia cuando Chihuahua da el arranque a la insurgencia electoral que luego habrá de cundir por la República entera. Las primeras luchas que libra, por los precios de garantía del maíz y del frijol, resultan victoriosas, gracias a sus tácticas novedosas y al apoyo de amplios sectores de la sociedad civil chihuahuense.
Tal vez por el hálito demócrata infundido por su triunvirato fundador: un sacerdote comprometido con el pueblo, el líder histórico del Partido Comunista en Chihuahua y un luchador social convertido en alcalde de Ciudad Cuauhtémoc, el FDC se mantiene durante 12 años en una clara postura anti gobiernista. No cae en la concertación con el salinismo ni en la tentación de la “apropiación del proceso productivo”. Se involucra de lleno en la defensa de las condiciones de vida y trabajo de los campesinos temporaleros, ya desahuciados por la tecnocracia encabezada por Salinas y Luis Téllez. Lucha por créditos y contra la corrupción en el Banrural y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA). Consciente del cambio de rumbo para la agricultura del país, participa muy activamente en los combates a la contrarreforma agraria y se hace uno de los actores infaltables en luchas y debates nacionales e internacionales contra la intrusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la agricultura. En estos combates desarrolla toda una tecnología de toma de puentes internacionales, como acción generadora de luchas, de posicionamientos y de difusión a la opinión pública.
Fiel a su origen y a la sociedad que le da cobijo desde que nace, el FDC también se convierte en actor importante en las batallas por la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Chihuahua y en México. Luego, durante el período de la ingente expropiación del patrimonio de las familias mexicanas, en 1994-2006, el frente se suma a barzonistas y luchadores y luchadoras de todo tipo para defender casas, tierras, vehículos, medios de producción ante la voracidad de los bancos y el gobierno cómplice de ellos.
La orientación primordial a lo reivindicativo-defensivo hace que el FDC llegue tardíamente a los llamados proyectos productivos. Los ha intentado por muchos lados, pero lo que hasta hoy se sostiene y con relativo éxito son la Cooperativa de Ahorro y Crédito y dos o tres empresas comercializadoras de frijol. Aquélla cuenta con más de seis mil socios y es la única alternativa de ahorro y crédito popular en la vastedad del agro chihuahuense, es factor de restablecimiento del tejido social, de participación de la mujer y desarrollo de competencias diversas entre campesinos y campesinas.
El FDC lleva casi ya un cuarto de siglo no sólo “haciéndole frente” como dicen los campesinos, a las políticas depredadoras. También tratando de ser democrático. Cada dos años cambia su directiva luego de un proceso largo de congresos municipales y un congreso estatal. Ha habido altibajos, escisiones temporales, inconformidades, incluso trampas. A pesar de ello, no hay cacicazgos ni perpetuidades. A pesar de que las mujeres frentistas cada vez son más y más participativas, el machismo no se ha podido desterrar de las prácticas organizativas y de la vida cotidiana.
En los últimos diez años el FDC ha convergido con otras organizaciones rurales chihuahuenses en todos los combates en defensa, no sólo de la agricultura campesina, sino de cualquier forma de agricultura nacional, en contra de la creciente presencia de los agronegocios y del gobierno que los apoya. Junto con El Barzón, Agrodinámica Nacional y el Comité Pro Mejoramiento del agro ha luchado a nivel estatal por tarifas justas de energía eléctrica para pozos agrícolas, contra las importaciones agroalimentarias, en defensa de los mantos acuíferos del estado y del germoplasma local. Como integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País y del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), el frente pelea día a día por preservar los maíces nativos y por generar más productividad y sustentabilidad con la dotación genética que tenemos.
No es fácil mantenerse como una organización campesina actuante y combativa en un medio y en una región donde todo conspira contra la agricultura campesina: el clima, las políticas de gobierno, las influencias culturales, la cultura política. Sin embargo, el FDC sigue bien presente en el extremoso y combativo oeste de Chihuahua. Si bien no ha podido revertir el brutal proceso de descampesinización, de modernización salvaje que se ha instaurado en esta región y que hace que cada vez sean menos los campesinos y más débiles las comunidades, el frente, cuando menos ha logrado que quienes se queden en el campo lo hagan con más conciencia, más lazos sociales y con más participación en lo público. Gracias al FDC los pocos campesinos que restan son tal vez, más ciudadanos.
|
FPDT defender la tierra, defender la nación
 El vocalista del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán, en apoyo de los presos de San Salvador Atenco recluidos en el penal Molino de Flores en Texcoco FOTO: Francisco Olvera/ La Jornada |
Damián G. Camacho Guzmán
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) nació en el conflicto; fue el decreto expropiatorio de Vicente Fox, en octubre de 2001, lo que motivó la reacción de los 13 pueblos de Atenco para conformarlo. Los querían despojar de más de cinco mil hectáreas de su territorio. Desde entonces esta organización social ha definido como su objetivo prioritario la defensa de la tierra sin abandonar otros como la educación, la salud, el empleo, la democracia y, antes como ahora, la lucha por la justicia y la libertad de los 12 presos y dos perseguidos políticos.
Al FPDT se le considera una organización popular, pero su forma de lucha definió su carácter de organización de autodefensa territorial. Sin embargo, las condiciones que le dieron origen se modificaron y desde 2006 la línea estratégica en la que trabaja es la reorganización.
Las condiciones de hoy también son distintas. La estrategia del gobierno de Felipe Calderón logró desplazar al enemigo opositor –despojado del triunfo electoral en 2006– para crear un nuevo enemigo abstracto, la delincuencia organizada, y definió la guerra contra el crimen organizado como objetivo único, necesario y de urgente resolución. El gobierno se alió con los medios de comunicación para generar con periodistas, analistas e intelectuales un consenso vía el despliegue propagandístico; elevó su estrategia a política de Estado; realizó una serie de reformas jurídicas para ampliar las facultades de los ministerios públicos y de la policía judicial, lo cual tiende a una reforma integral de justicia que derivará en un mando único de las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles; sacó a las fuerzas armadas a la calle para cumplir con funciones de seguridad pública, de lucha contra el crimen organizado y para el restablecimiento del orden social (para hacer frente a la protesta social). Ante este panorama, el escenario al cual se quiere conducir a los actores sociales es al de la confrontación, tal como sucedió en Atenco, en Oaxaca y en el proceso electoral de 2006, y que se mantiene en 2009 con la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Así, si hay una nueva realidad política y social, el reto de las organizaciones sociales es adecuarse. El FPDT ha sabido afrontar las nuevas condiciones y como táctica de resistencia lanzó la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, conformada por más de 200 organizaciones, con la participación de un comité conformado por artistas, actores, intelectuales y religiosos. En este esfuerzo se impulsa una gira por 12 estados de la República para difundir la lucha por la libertad de los 12 presos y los cos perseguidos políticos, pero también para hacer pronunciamientos sobre la situación social y política en la que se encuentran las organizaciones, comunidades y movimientos visitados, así como articular esfuerzos de manera conjunta.
Considerando que las condiciones sociales, económicas y políticas que vivimos han empeorado, las organizaciones deben de diversificar sus formas de lucha y de organización. Para el FPDT, pasar de la defensa de la tierra a la defensa de la nación es una consecuencia lógica que se genera en el proceso de lucha. Por ello, la emergencia de articular un esfuerzo mayor de carácter nacional que involucre a todos los actores que se sientan incluidos en una convocatoria abierta, con perspectiva, que visualice al enemigo común y nos ayude a construir la unidad en la acción más allá de las diferencias. En ello trabaja cotidianamente el FDPT. Así es como la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular abre una coyuntura que propicia construir un frente nacional no como responsabilidad única de los trabajadores del SME, sino como una responsabilidad de todos los agraviados de la nación que buscan la alternativa de un país justo y digno para vivir.
Viva el Río Azul demandan tratamiento
y uso racional del agua
Silvestre Pacheco León [email protected]
En la región centro del estado de Guerrero avanza un esfuerzo organizativo con activistas de la zona urbana pero también de la rural, bajo el concepto de cuenca hidrográfica. Se trata de la asociación Viva el Río Azul, con asiento en el municipio de Quechultenango, donde nace el río al que hace referencia, y en el cual se localiza la capital Chilpancingo.
Durante tres meses de este año la propuesta de organización de la sociedad civil para el rescate de la cuenca río Huacapa-río Azul se cruzó entre académicos, investigadores, estudiantes, productores orgánicos, comerciantes, maestros, activistas y pobladores en general. Se conocieron experiencias fallidas, se reafirmaron convicciones, se debatieron propuestas y, sobre todo, se multiplicaron las adhesiones al proyecto.
El principal problema detectado son las aguas residuales de Chilpancingo, que se liberan sin tratar al río Huacapa, corriente pluvial principal de la cuenca, que recorre más de 60 kilómetros antes de sumar su caudal al río Azul, tributario del Papagayo, el cual transporta todo el aporte pluvial de la cuenca en el tramo final hasta el Océano Pacífico, después de abastecer al puerto de Acapulco.
En 2000 la cuenca contaba con más de 250 mil habitantes, de los cuales 70 por ciento vivían en comunidades urbanas y el resto en 230 poblados menores a los dos mil 500 habitantes. Salvo la cabecera municipal de Quechultenango que cuenta con una planta de tratamiento suficiente para las aguas residuales de sus seis mil habitantes, el resto en la cuenca carece de esa infraestructura, lo que provoca una contaminación tal que las enfermedades gastrointestinales y las infecciones son las primeras y más frecuentes en la franja que recorre el río Huacapa.
Además de la contaminación provocada por las aguas residuales vertidas al río Azul, el daño mayor se ha ocasionado a la actividad turística y, desde luego, a los pueblos que vivían de la prestación de servicios para los visitantes.
Pero la contaminación no es el único problema que tenemos con el agua, también su escasez, principalmente en Chilpancingo, donde la mayoría de sus habitantes deben contratar pipas a un precio de 300 pesos, mientras los usuarios del servicio domiciliario pagan una cuota fija mensual de 30 pesos.
He aquí un caso que ilustra el drama de la sed en Chilpancingo: el año pasado la exigencia ciudadana para el abasto obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a actuar contra los piperos, que sin tener concesión para ello, comercian con el líquido. La Conagua, obligada a investigar, descubrió que la fuente de abastecimiento que tenían los piperos era la propia red hidráulica de la capital, cuyo costo y mantenimiento pagan los contribuyentes. Cuando fueron citados para pagar su infracción, los piperos tomaron las oficinas de la Conagua y amenazaron que si el gobierno hacía efectiva la multa, de unos 200 mil pesos, ellos elevarían el precio de la pipa a 600 pesos y provocarían un descontento social de graves consecuencias para las autoridades. Ante esa presión, la “sabia” decisión del gobierno fue recular y dejó a los usuarios como rehenes de la voracidad de los comerciantes.
Sobre este caso, Viva el Río Azul sostiene que el agua es un bien natural cuyo acceso el gobierno está obligado a garantizarnos a todos, y a velar porque los llamados organismos operadores de los sistemas de agua potable sean eficientes y transparentes, como base para exigir a los usuarios el pago justo por la captación y distribución domiciliaria.
Por otro lado, Viva el Río Azul ha detectado que la contaminación del agua no sólo se debe a la falta de tratamiento de las aguas residuales que se vierten a los ríos, sino al uso indiscriminado de agroquímicos en la agricultura, con los que también se contaminan los suelos; a la existencia de tiraderos municipales que funcionan como incineradores, en lugar de rellenos sanitarios, y a la falta de educación para el manejo ecológico de los residuos urbanos.
Los pobladores rurales de la cuenca viven de la agricultura de temporal, del comercio, del turismo, y de la exportación de mano de obra. Las pocas áreas de riego, de baja productividad, están dedicadas al abasto de mercados foráneos, igual que la ganadería. Estas actividades ocupan menos de la mitad del agua que se capta. La mayor parte es para el uso urbano en las ciudades donde la población se emplea principalmente en la burocracia.
Viva el Río Azul ha determinado informar a todos los habitantes de la cuenca la situación que prevalece a fin de que hagan conciencia de la emergencia ambiental. Ello es extensivo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente sano a la población.
Una de las tareas inmediatas de la asociación civil fue presentarse ante las autoridades municipales y ofrecerles participar de manera compartida en la atención a los problemas. Viva el Río Azul concertó –por medio de la presidencia de la comisión de recursos naturales del congreso local– una reunión con los Ejecutivos de los gobiernos locales y con quienes operan el comité de cuenca de los ríos Huacapa y Azul. El resultado fue el compromiso de los presidentes municipales de la cuenca para reunirse y conocer el diagnóstico y las propuestas de solución que se han estado trabajando con los funcionarios del orden federal y estatal, conjuntamente con los representantes de los diferentes sectores de usuarios y la sociedad civil organizada, donde ha quedado establecido que una de las prioridades es la atención al problema de los residuos líquidos y sólidos que requiere el establecimiento de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.
En paralelo, la asociación civil, integrada hasta ahora por unas cien personas, trabaja en el propósito de educar a la población en el manejo ecológico de los desechos reciclables, y está promoviendo los centros de acopio en escuelas, iglesias, colonias y barrios con el objetivo inmediato de evitar que dichos residuos lleguen a los tiraderos municipales.
|
