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14 de noviembre de 2009 Número 26 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
Las organizaciones de los cafetaleros
 FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC |
Fernando Celis Callejas
La mayor expansión de la cafeticultura mexicana se da a partir de 1954, año en que una fuerte helada en Brasil – el principal país productor de café– aumenta sustancialmente los precios. Ello genera un gran entusiasmo; decenas de miles se incorporan a esta actividad. En 20 años la producción pasa de 1.3 millones de sacos a 4.2 millones de sacos (de 60 kilos de café oro cada uno), o sea poco más de diez por ciento anual, y el número de productores rebasa los 150 mil.
En este periodo la comercialización del café es dominada por un pequeño grupo de compradores, entre los que destaca el llamado grupo Xalapa. Intermediarios y caciques ligados a los grandes compradores y a los gobiernos priístas controlan buena parte de la representación de los productores; estos últimos no reciben más de 60 por ciento de los precios que se fijan en la bolsa del café de Nueva York. A principios de los 70s bajan los precios, pero en 1975 otra helada en Brasil los eleva nuevamente y además el esquema de regulación de la Organización Internacional del Café (OIC) establecía un piso de 120 dólares por 100 libras, con lo cual se tienen varios años de buenos precios. La producción para el ciclo 1986-87 llega a 5.6 millones de sacos y a fines de la década los productores son ya 282 mil.
La injerencia del gobierno. Desde mediados de los 70s, se da una mayor intervención gubernamental por medio del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que establece un precio de garantía, otorga asistencia técnica, créditos a cuenta de cosecha y fertilizante y promueve la organización de los productores. Los precios mejoran a un 70 por ciento de la bolsa en el caso del cereza y un promedio de 80 en el pergamino. Se pagan en todo el país y los más beneficiados son los productores de las regiones más aisladas.
El Inmecafé “organiza” a casi 70 por ciento de los productores en unidades económicas para la producción de café (UEPCs), pequeños grupos sin registro legal que se convirtieron en meros abastecedores del instituto. Este organismo no impulsó, como señalaban sus objetivos, el que los productores aprendieran a manejar la comercialización directa de su grano. En esta década, desde el gobierno federal se impulsa que grupos de productores formen figuras asociativas como uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo (ARICs), cooperativas, etcétera, y que manejen financiamiento y comercialización. En el sector cafetalero un buen número de estas figuras, ligadas a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y al PRI, se articulan en una Federación de Productores de Café que reciben recursos del Banrural y cuotas de exportación del Inmecafé sin pasar por recuentos. La mayoría de estos grupos no cubren los créditos al Banrural y se les condonan recurrentemente sus deudas y se da un manejo corrupto de las cuotas de exportación.
La mayor intervención estatal se da en un periodo de altos precios del café y de una fuerte inversión pública en la cafeticultura, que no se traduce en un organismo público más eficiente y que termina siendo un instrumento de control económico y político de los productores. En este periodo, la representación de los productores es más corporativa, y se da por medio de grupos ligados a los gobiernos priístas; la CNC representa al sector social y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) al privado.
Con las crisis de bajos precios de 1987 y 1989, y la desaparición de la regulación internacional y del Inmecafé, se desmantela buena parte de la intervención estatal. A partir de julio de 1989, ya con un mercado liberalizado, se da una fuerte reacomodo en el sector.
El papel de las corporaciones. La comercialización del café en buena parte pasa a ser manejada por empresas trasnacionales como Agroindustrias de México (AMSA), la Nestlé y otras. En la representación de los productores se debilita el esquema tradicional de la CNC, por la quiebra de sus organizaciones económicas y ante la nueva política de Salinas de Gortari llamada Nuevo Movimiento Campesino, que impone una nueva dirigencia en la CNC y en su organismo cafetalero que los divide.
Por otra parte, un buen número de organizaciones cafetaleras regionales más independientes políticamente y que se crean a fines de los 70s y en los 80s, para manejar directamente la comercialización, otros grupos independientes que surgieron con la demanda de que el Inmecafé mejorara los precios y grupos cafetaleros ligados a organizaciones nacionales como la CIOAC, UNORCA y UGOCEP, forman en 1989 la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), organización independiente desligada de los partidos políticos y del gobierno.
Ante la baja de precios del café de 1990 a 1994, el gobierno federal impulsa políticas compensatorias y se promueve un nuevo esquema de organización de los productores vía comités de solidaridad que administran pequeños préstamos y que tienen el objetivo de reconstruir una nueva base social y política para el gobierno de Salinas de Gortari, lo cual no dura más allá del sexenio.
De 1990 a 1994 se da un fuerte debate entre los productores sobre la representatividad de cada organización. Para resolver esto se pacta levantar un padrón de afiliados de cada agrupación, con una cédula única y con la firma del productor y la certificación de la autoridad municipal local. Alrededor de 70 por ciento de los productores que se registran se declaran afiliados a una organización nacional.
Membresía transparente. A la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC) de la CNC se le reconocen 86 mil afiliados; a la CNOC, 71 mil, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),14 mil; a otros grupos calificados también como independientes, cerca de diez mil; a la Confederación Mexicana de Productores, de Café (CMPC), que agrupa principalmente a medianos y grandes productores, cuatro mil 800 afiliados, y a la UNPC de la CNPR, dos mil 400.
Este padrón nacional evidencia que los grupos más independientes como la CNOC, otros grupos y la CMPC tenían mayor representatividad que los grupos tradicionales. Desde mediados de los 90s, los grupos nacionales gremiales de productores de café se coordinan para presentar y negociar sus propuestas al gobierno federal en turno. Primero por medio del llamado Grupo Operativo Nacional (1992), luego un Foro de las Organizaciones Nacionales de Productores de Café (1997) y después un Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (2004).
En el sector se da una representación nacional plural de los productores sustentada exclusivamente en organizaciones gremiales cafetaleras. Este grupo tiene un cierto éxito, al negociar conjuntamente en la Cámara de Diputados un presupuesto etiquetado para la rama café y un monto máximo de importaciones de café verde; además, a partir de la crisis de bajos precios que inicia en 2000, un Fondo de Estabilización de Precios (2001) y un Programa de Fomento Productivo (2003).
Organización debilitada. La nueva crisis de bajos precios del 2000 al 2004, es brutal y profundiza una mayor dispersión organizativa de los productores. Se vuelven mayoritarias las estrategias familiares de diversificación de ingresos y las organizaciones entablan una relación utilitarista con el gobierno para tratar de recibir mayores subsidios.
Las recurrentes crisis de bajos precios del café y crisis económicas nacionales llevan a que buena parte de los grupos que comercializan en los mercados convencionales dejen de hacerlo; sólo quedan como exportadores principalmente los grupos que venden café orgánico en el llamado Comercio Justo.
Actualmente, con un creciente deterioro de la economía nacional y del sistema político, además de dispersión organizativa de los productores, se han debilitado las organizaciones nacionales, dificultando las acciones conjuntas. La profundización del comportamiento faccioso en la Cámara de Diputados ha impedido una negociación más adecuada del presupuesto público para la rama; la relación con el gobierno federal vía la Secretaría de Agricultura, ha sido muy controvertida por la federalización de recursos y la feudalización de las áreas de esta dependencia, así como por la mayor cercanía de los funcionarios con las grandes empresas, las cuales, encabezadas por Nestlé y AMSA, juegan un papel protagónico en las decisiones de los organismos del sector y preservan así sus intereses.
Estrategias y manipulación. Estas compañías incluso promueven la formación de nuevos grupos de productores ligados a sus esquemas de comercialización y aparecen como gestores de recursos públicos. Además impulsan que sus compradores de café que son productores, aparezcan como representantes de los organismos estatales de café y poder influir así en los organismos nacionales. Al parecer no pasará mucho tiempo para que aparezca una nueva organización nacional de productores de café, ligada directamente a estas empresas. Un ejemplo de su poder que escala es que en la reciente elección de la directiva de la UNPC de la CNC; (dicho por integrantes de esta organización), la Nestlé y sus aliados negociaron con el gobernador de Veracruz, que esta Unión fuera encabezada por un productor y comprador de café ligado a la Nestlé.
Esta nueva situación ha fracturado al Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC) y ha debilitado sus planteamientos de reestructuración interna en beneficio de los productores. Es claro que se ha estructurado un nuevo grupo de poder que articula a grandes trasnacionales dominantes de la industrialización y comercialización del café en nuestro país, a funcionarios públicos y a la dirigencia actual de la UNPC-CNC, cuyo objetivo central (dicho explícitamente), es darle más autonomía al organismo público para el café, (que sea más funcional a los intereses de las grandes empresas), que éste contrate técnicos para hacer diagnósticos en las regiones y que a ellas se canalicen los recursos públicos para que cuenten con mejor infraestructura y después llevar a la Nestlé para que compre el café.
Se impulsa entonces con la complacencia del gobierno federal y algunos estatales nuevas formas de asociación de los productores subordinadas a las trasnacionales. Sin duda esto generará fuertes tensiones entre los productores, más si se presenta una nueva baja de los precios. Habrá que ver cómo reaccionan los productores de café y cual será el papel del gobierno federal en los próximos años.
Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
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AMUCSS soluciones financieras para campesinos
Armando Velasco Responsable de Proyectos Especiales de AMUCSS
La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) comenzó a escribir su historia en 1986, cuando un grupo de organizaciones económicas campesinas decidió crear bancos campesinos como organismos autónomos para financiar las actividades productivas de sus socios. Así, se crearon uniones de crédito campesinas, fondos de autoaseguramiento, cooperativas y otras instituciones en la búsqueda de opciones para garantizar el acceso de los pequeños productores al crédito institucional.
Durante más de una década ese grupo pionero trabajó a contracorriente por un proyecto campesino, de autogestión y de organización especializada y profesional en finanzas rurales. Y en 1990 fundó a la AMUCSS, para luego constituirla legalmente en 1992.
En su primera etapa, la AMUCSS enfrentó una serie de problemas que quizás hubieran hecho desistir a otras agrupaciones sociales. Sin recursos económicos, con escaso personal, la incomprensión de las autoridades del sector, la desconfianza y animadversión de organizaciones campesinas oficialistas y un marco jurídico inadecuado para el financiamiento a las familias y organizaciones de pequeños productores rurales, luchó por mantener a flote a sus uniones de crédito campesinas y a sí misma.
La crisis de 1994-95 le puso una de las peores pruebas a las que pueda enfrentarse un organismo social. La mayoría de las uniones de crédito campesinas tuvieron que cerrar operaciones a pesar de los enormes esfuerzos de la AMUCSS. Sin embargo, las enseñanzas que dejó la crisis fueron fundamentales en el posterior desarrollo de la asociación: no era el crédito agrícola especializado y excluyente el que resolvería los problemas de acceso a servicios financieros para los pobres del campo; había que buscar alternativas.
En 1997 se realizó el Primer Seminario-Taller Internacional de Microfinanzas Rurales organizado por la AMUCSS, que contó con la participación de representantes de Europa, África y América. Este encuentro marcó un hito fundamental en el desarrollo de la asociación, pues de allí surgieron líneas estratégicas de trabajo y proyectos que se han venido concretando como el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (Patmir), los microbancos rurales, las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la creación de la Federación de Organismos e Instituciones Financieras Rurales (Fedrural) y las empresas de integración financiera como Red Sol, Envíos Confianza, SMB Rural, INNOVA y Sierras Verdes, que hoy forman parte de las soluciones de la AMUCSS a las necesidades de los pequeños productores del campo.
Hoy la AMUCSS es reconocida nacional e internacionalmente en el campo de las microfinanzas rurales y –junto con otras organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo rural, agrupadas en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales (FOROLACFR) participa en todos los foros posibles en el país y el extranjero para impulsar políticas públicas en pro del desarrollo rural y el financiamiento de las actividades económicas de instituciones propiedad de los productores rurales.
Esto ha sido posible gracias al liderazgo proactivo e innovador de la dirección general y el consejo directivo, así como el apego a una estrategia de largo plazo que privilegia las alianzas estratégicas con organizaciones sociales, fundaciones nacionales e internacionales e instituciones multilaterales y la búsqueda constante de soluciones a los problemas de financiamiento de los pequeños productores campesinos.
Los recursos humanos han sido otra de sus grandes fortalezas. Son personas capaces, comprometidas, de formación multidisciplinaria, autocríticas y abiertas al cambio. Comparten misión, visión y valores de la organización, y conocen y saben relacionarse con campesinos de diversas culturas.
La escasez y, sobre todo, la falta de continuidad en el financiamiento y la carencia de una metodología adecuada en la etapa de crecimiento, han sido sus principales limitantes
 FOTO: Cristina Rodríguez / La Jornada |
y sigue la yunta andando
Uriel Asier Vargas
Aunque es una fecha más bien simbólica, el 13 de octubre de 1994, nació el Barzón. Defender el patrimonio de las familias y rescatar las unidades de producción amenazadas por los banqueros fue la primera tarea que emprendieron miles de campesinos, acción que rápidamente se reprodujo también en las ciudades. “Debo no niego, pago lo justo” era la consigna.
Poco a poco, con la movilización de la gente, la presión sobre los bancos y con mucha imaginación, se fueron liquidando las deudas. La nueva tarea consistía en reactivar la actividad productiva que la usura de la banca y las pésimas políticas del gobierno habían dejado al borde de la desaparición. Aprender nuevas cosas, aplicar nuevas tecnologías, participar del desarrollo económico y social del país son también líneas de trabajo que nuestra organización adoptó. “Ayer defendimos nuestro patrimonio, hoy luchamos por la reactivación económica del campo mexicano”, fue el nuevo lema de los barzonistas.
En El Barzón han participado miles de personas, de diferente manera y por los más variados motivos; gente de todo tipo y todos los estratos sociales: campesinos, amas de casa, profesionistas, jóvenes, representantes de múltiples pueblos indígenas, y de todos los estados de la República. Tan amplio ha sido el movimiento que hasta un Barzón latinoamericano se constituyó a finales de la década de los 90s.
Los barzonistas han sido activamente partícipes de la vida nacional, generadores de propuestas, críticos de las políticas demagógicas del gobierno, combatientes de los abusos de los poderes económicos y luchadores de primera fila al momento de salir a las calles.
Hemos sido incómodos y hasta indeseables para quienes, por medio de la injusticia, se hacen ricos a costa de los mexicanos. Desde que se firmó y hasta la fecha, hemos sido opositores al exterminio del campo mexicano por la vía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); desenmascaramos la colusión entre jueces, actuarios y bancos en los juicios contra los deudores; en el año de 1998 hicimos público el gran robo de los banqueros y el apapacho de parte del gobierno por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y refrendamos nuestra crítica recientemente ante el rescate del gobierno calderonista a grandes empresas e intermediarios financieros, que de nuevo, se hizo a costa de los contribuyentes.
A finales de 1999 realizamos la Cabalgata por la Dignificación del Campo Mexicano que salió del puente internacional Córdova de Ciudad Juárez para llegar al Zócalo de la ciudad de México y que duró 55 días. Formamos parte del movimiento nacional campesino que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en 2003. En enero de 2008 una nueva caravana de tractores barzonistas, participantes también de la Campaña Sin Maíz No Hay País inició su recorrido rumbo al Zócalo de la capital para participar el 31 de enero del mismo año en la “marcha de la tortilla”.
Hemos sido constantes en la generación de propuestas para el rescate de la soberanía alimentaria, entre ellas la creación de la reserva estratégica de alimentos, la cual ha tenido eco en otras organizaciones, participamos en la lucha contra los transgénicos y en la demanda de mayor apoyo para la investigación en ese tema.
Seguimos apoyando a los deudores en su lucha contra los bancos, impulsando la actividad productiva en el campo, siendo críticos del gobierno. Sí, este año se cumplieron 15 primaveras, no ha reventado el Barzón y sigue la yunta andando…
 FOTO: Luis Humberto González / La Jornada |
Olivia Acuña Rodarte Profesora-investigadora de la UAM Xochimilco
Dicen que las crisis son oportunidad de cambio, de renovación. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) surgió en 1995, en una coyuntura de crisis económica y de transformación radical de las políticas rurales, hechos que colocaron a miles de campesinos en el dilema: renovarse o desaparecer.
Ese momento fue el punto de arranque y el elemento que comenzó a darle identidad a la ANEC como un nuevo actor no sólo en el mercado agroalimentario, sino en la vida social y política. Los socios de la ANEC decidieron impulsar un nuevo modelo de organización económica campesina que diera paso a un sistema de producción y comercialización agroalimentaria que equilibrara, entre otros aspectos, los objetivos sociales con proyectos viables en términos de rentabilidad. Hoy la ANEC representa la mayor red de organizaciones productoras de granos básicos del país. Pero optar por el camino de la defensa de la agricultura campesina en un contexto adverso no ha sido fácil.
En el terreno de la lucha económica, construir alternativas viables ha obligado a desplegar una constante y creativa renovación organizativa, empresarial y política. La batalla por desarrollar mercados agroalimentarios equitativos y justos por medio de la administración campesina de la oferta se vive cotidianamente. Enfrentar las estrategias de los intermediarios rebasa con mucho las capacidades de los campesinos organizados. Es una lucha sin cuartel, sin concesiones, pero hay que decir que las ventajas de las grandes empresas se han dado con la anuencia, cobijo y apoyo gubernamental, producto también de un sinnúmero de intereses políticos de funcionarios y empresarios.
Hay fuertes desafíos. Si bien han logrado ser eficientes, las empresas sociales que integran la ANEC se enfrentan a los riesgos del economicismo, del productivismo, de la utilidad y la ganancia para sí, y es que en la apuesta por buscar “acomodo” y resistencia en un contexto neoliberal, se corre el riesgo de construir aparatos económicos cada vez más alejados de los productores y por tanto de los beneficios sociales. Bajo estas contradicciones, desarrollar otras formas de “hacer mercado” ha obligado a la ANEC a revisar y cuestionar en los años recientes su modelo económico, particularmente sus instrumentos comerciales y financieros, pues la búsqueda desenfrenada de la rentabilidad puede resultar en la ruina de los propios productores.
La ANEC ha ido estableciendo una nueva relación con el gobierno. Las organizaciones del pasado se caracterizaron por la confrontación con el Estado o por su sometimiento; con una nueva forma de construir el desarrollo rural a partir de organizaciones sociales, relacionarse de otra manera resulta indispensable, pero también presenta el reto de romper las viejas prácticas clientelares que hoy día se dibujan como “azadón” del control panista en el campo, pues recursos públicos se utilizan para romper dinámicas organizativas, y es que recuperar la autoestima colectiva tras 70 años de manipulación y control no es fácil pero sí una de las apuestas de la ANEC.
Influir en la decisión, operación y evaluación de las políticas públicas ha sido sin duda una de las mayores aportaciones de la ANEC a la lucha campesina. En los años recientes la asociación ha tenido un papel central en la redefinición de políticas y particularmente en las discusiones sobre la asignación anual del presupuesto al campo y la transparencia de los recursos públicos, pero, al igual que otras agrupaciones, ha debido lidiar con el subejercicio fiscal, la concentración, la dispersión, la discrecionalidad y el manejo partidista de los recursos.
Un reto de la ANEC es desafiar la dinámica paternalista de la gestión de recursos como mecanismo de adhesión y de conservación de la base social que caracteriza a muchas organizaciones. Por ello su opción es el fortalecimiento organizativo por medio del desarrollo de capacidades locales, la gobernabilidad campesina, la rendición de cuentas, la planeación estratégica y las auditorías sociales.
La ANEC se ha convertido en uno de los actores centrales de la movilización social de los años recientes. Destaca su capacidad para construir alianzas y procesos sociales en lo que fue el Movimiento El Campo no Aguanta Más (Mecnam) y en la Campaña Sin Maíz No Hay País; su participación en el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), en las coaliciones civiles trinacionales contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el Movimiento en Defensa de la Economía Familiar.
Estas alianzas implican tolerancia, respeto mutuo, proyectos comunes, pero también el reconocimiento de las adversidades, de las debilidades y de los riesgos que implica tratar de establecer nuevos canales de diálogo con el Estado. El papel de la ANEC aquí trasciende al promover como método de trabajo la autocrítica, la discusión, el análisis y la retroalimentación.
En la búsqueda por redimensionar la acción campesina, destaca la defensa por la soberanía alimentaria como un elemento de confluencia entre estos procesos sociales y la misión central de la ANEC.
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