El presupuesto de egresos del 2010 representa un retroceso y una señal de alarma, al poner en peligro conquistas plasmadas en la Constitución: reduce 85 por ciento los montos para discapacitados; 45 por ciento la inversión en el sector salud; 30 por ciento la atención y prevención de VIH/sida, y 71 por ciento lo asignado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, respecto a 2009.

Así lo advirtieron representantes de una docena de organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellos Axela Romero, de la Coalición por la Salud de las Mujeres; Juan Estrada, del Comité de pacientes que viven con VIH/sida; MaríaTeresa Fernández, de grupos de personas con discapacidad; Briseida Lavielle, de Fundar, centro de análisis e investigación, e Iván Polanco, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.

Tras criticar que en forma secreta los legisladores decidan lo que se les da la gana, los dirigentes de las ONG sostuvieron que la distribución de los recursos presupuestales está marcado por intereses de grupo que, con políticas neoliberales, despojan al Estado de su responsabilidad social y arrasan con el proceso de nación construido a partir de la Revolución Mexicana.

En rueda de prensa, Romero hizo un llamado a la sociedad, a no permitir lo mismo que sucedió en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular fue electo en secreto por los diputados. Tenemos que fortalecer los mecanismos para evitar que los legisladores hagan lo que quieran con nuestro dinero.

Afirmaron que los fuertes recortes al desarrollo en el campo, al gasto social destinado al combate de la pobreza, a la prevención y acceso efectivo a los servicios de salud, hace aún más vulnerables a 54 millones de mexicanos en condición de marginalidad.

En el caso del campo, Polanco señaló que el presupuesto, no promueve una política nacional de precios que estimule la producción; no apoya la validez y transferencia de tecnología; no fortalece el ahorro ni el crédito para el desarrollo de la actividad, ni tampoco genera empleos ni redistribuye el ingreso entre las familias rurales, por citar algunas insuficiencias.

A los programas para discapacitados el proyecto de presupuesto asigna 187.6 millones de pesos que, divididos entre 10 millones de personas, les tocaría 18 pesos anuales a cada una.

El gasto para prevención y atención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual baja a 133.9 millones de pesos –en 2009 fue de 193.3 millones–, pese a que en marzo pasado había 130 mil 969 infectados, de los cuales 5 mil 151 fueron nuevos casos en 2008.