l participar, en la Universidad Iberoamericana, en una presentación del documento México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo, advertí que no me referiría a la situación y perspectivas de la crisis global, revisada el viernes y sábado pasados por los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Veinte (G-20) en Saint Andrews, Escocia, cuyo comunicado final está disponible en la página web de la presidencia del grupo. Ésta, tras ser ejercida por el Reino Unido en 2009, se trasladará a Corea y Francia en los dos años siguientes. Por cierto, en la llamada foto de familia de la reunión del 6 y 7 noviembre, publicada en la prensa de todo el mundo, resultó conspicua la ausencia del secretario de Hacienda de México, ocupado quizá en cuestiones locales.

Aludí, en cambio, a los enfoques y propuestas del documento universitario acerca de la política económica internacional y la acción de México en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo: dos cuestiones que presentan múltiples falencias, que reclaman ser atendidas sin demora. La presencia de México en los foros multilaterales es cada vez más tenue y menos relevante. El alcance de la política económica internacional rara vez rebasa la búsqueda de oportunidades inmediatas de exportación y de atracción, más o menos al azar, de inversiones directas. De no revertirse estas dos desafortunadas tendencias, México no podrá hacer escuchar su voz ni defender realmente sus intereses en el proceso de reconfiguración del poder económico internacional, en marcha desde hace dos decenios y que ahora se ha acelerado al calor de la crisis.

El documento identifica cinco ámbitos que concentran las opciones más promisorias de cooperación global, económica, tecnológica y financiera. La nueva fase del redespliegue industrial a escala mundial, que, de ser efectiva, puede dar respuesta al menos parcial a cuestiones que tienden a verse como irremediablemente conflictivas, entre ellas las disputas por el uso de recursos naturales, los problemas asociados a los movimientos migratorios y la respuesta al cambio climático. Financiamiento internacional para la infraestructura, para desatar su enorme efecto dinamizador del crecimiento y del empleo. Los nuevos recursos internacionales que se destinen a las economías emergentes podrían orientarse a grandes programas concebidos con visión regional y global. Una nueva arquitectura financiera internacional y la reforma de las instituciones financieras internacionales es el área en que más pronto se requerirá definir posiciones y propuestas, como las que empezaron a discutirse en las reuniones del G-20 en septiembre y noviembre de 2009. Ante la crisis, el G-20 decidió asignar al FMI nuevos recursos y nuevas tareas, e iniciar un proceso tímido y gradual de reforma de sus mecanismos de distribución del poder y de adopción de decisiones. Pugnar por una pronta conclusión de la Ronda de Doha, a fin de reducir el impacto desfavorable sobre los países en desarrollo de la caída del comercio internacional suscitada por la crisis. El G-20 reiteró en Pittsburg su compromiso de alcanzar una conclusión exitosa en 2010.

En varios de estos ámbitos, la contribución de México se ha diluido de manera notable. Dos ejemplos: la Ronda de Doha, donde el rol conductor entre las economías emergentes fue asumido por Brasil e India, tras el fiasco de la reunión de Cancún en 2003, y las acciones de reforma de las instituciones financieras internacionales, donde México ha estado ausente de la presentación de iniciativas, sobre todo en materia de formas innovadoras de financiación.

El documento señala que la contribución mexicana a la solución de los problemas globales implica reconocer, de inicio, que su voz debe armonizarse con la de otras naciones, estratégicamente con los grandes países emergentes, China e India, así como con América Latina, en especial Argentina, Brasil y Chile. De esta visión de replanteamiento de las alianzas económicas internacionales de México surgen varias propuestas específicas, entre las que destacan:

En el plano multilateral, no hay empeño de mayor importancia que la reforma de fondo del sistema de Naciones Unidas, emprendida desde hace 15 años. México debería precisar y potenciar, con las consultas pertinentes, sus propuestas ante este desafío.

La importancia y la conflictividad potencial de las migraciones internacionales serán cada vez mayores. Como país expulsor y de tránsito, México debe contribuir a una solución global equitativa que, sobre todo, respete los derechos humanos de los migrantes.

México requiere tener una clara y explícita agenda para contribuir al rediseño de la arquitectura financiera internacional, fortaleciendo la coordinación de políticas entre los estados nacionales y redefiniendo el papel y la gestión de las instituciones multilaterales, en especial el FMI y el Banco Mundial, dotándolos de mayores recursos para promover el desarrollo y ampliando el peso de las economías emergentes en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, es indispensable eliminar la vulnerabilidad de las economías a los excesos de los mercados desregulados y a la especulación.

Debe hacerse un esfuerzo conceptual, de negociación y acuerdo, para replantear el TLCAN, que en su actual diseño se ha agotado, y configurarlo como un acuerdo para el desarrollo y la inclusión social en la región norteamericana.

El documento no pretendió presentar una propuesta acabada de política económica y comercial externa para México, que debe formularse en la perspectiva de futuras administraciones. Se limitó a señalar algunas orientaciones y acciones prioritarias y factibles, que prepararían el camino para una restructuración de mayor alcance, en el horizonte de futuras administraciones.

Del documento se desprende con claridad la noción de que México no podrá jugar un papel significativo en la economía global si no consigue abatir, mediante acciones como las propuestas, su extrema dependencia de la economía de Estados Unidos o, en otras palabras, si no consigue superar su actual condición de apéndice de ésta, que ha determinado que tanto la profundidad alcanzada por la crisis como el periodo necesario para superar sus demoledoras secuelas sean mucho mayores que los de otras economías emergentes.