El impuesto a la venta final de gasolina y diesel es constitucional, determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual agregó que dicho tributo, previsto en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), no viola las garantías de legalidad y certeza jurídica. Al negar un amparo contra el impuesto referido, los ministros consideraron que tampoco es ilegítimo el cobro de una tarifa fija por cada litro despachado, porque entre mayor es el consumo mayor es el impuesto causado y viceversa, de manera que quienes consuman el mismo número de litros de combustible pagarán la misma cantidad al fisco. Los ministros avalaron también que el destino del impuesto por consumo de gasolina y diesel se destine a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, tal como lo prevé la Ley de Coordinación Fiscal.