Organizaciones no gubernamentales demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el relator de las mujeres realice una visita in loco para constatar la violencia institucional que éstas continúan viviendo en México.

También se pronunciaron porque el relator externe su preocupación por la violencia y las violaciones en territorio nacional a los derechos humanos femeninos.

La Red Todos los Derechos para Todos, Católicas por el Derecho a Decidir, Asistencia Legal por los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, entre otros organismos, expusieron ante la CIDH que las reformas legislativas aprobadas en 16 estados de la República que protegen la vida desde el momento de la concepción penalizan el aborto e imponen verdades absolutas, afectando los derechos de las mujeres.

Concepciones anticientíficas

En el documento que las organizaciones civiles entregaron a la CIDH se destaca que una manifestación de la violencia institucional que ejerce el Estado mexicano hacia las mujeres son las reformas a constituciones locales en 16 estados.

Dichas iniciativas, afirmaron los representantes de dichos organismos, entienden que la vida comienza en el momento en que se unen un óvulo y un espermatozoide, lo cual resulta contrario a lo que define la ciencia médica.

Además, expusieron, existen iniciativas similares pendientes de aprobación en siete estados más.

Esas reformas, sostienen las organizaciones no gubernamentales, desconocen el derecho de la mujer a llevar una vida digna, la integridad personal, a la protección de su salud, al respeto a su dignidad, a una protección de la ley sin discriminación, a la libertad de conciencia y a la libre elección de un proyecto de vida, así como a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia.

Las consecuencias de esas reformas, señalan las organizaciones no gubernamentales, son: “penalizaciones a las mujeres que se practiquen un aborto, imposibilidad del uso del dispositivo intrauterino –segundo método de anticoncepción más utilizado en el país por las mujeres– y el impedimento de la regulación para la prestación de servicios médicos de interrupción del embarazo”.

También expusieron los casos de los feminicidios y resaltaron que en la actualidad este problema no está circunscrito a Ciudad Juárez, sino se ha extendido a casi todo el país.