La empresa Minera Cuzcatlán obtuvo la concesión de la veta La Trinidad y de 702 hectáreas del ejido Ocotlán, Oaxaca, que incluyen una tercera parte de las viviendas de los pobladores y la única fuente de abastecimiento de agua para la agricultura. Esto es ilegal, señalaron habitantes de la zona, porque se hizo sin autorización de los propietarios de las tierras.

Los trabajos en la mina ya comenzaron, a pesar de que nunca se realizó una asamblea general de ejidatarios para autorizar la exploración y usufructo de las tierras, manifestron integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos de Ocotlán, ubicada en Valles Centrales, Oaxaca, quienes forman parte de la Asamblea de Afectados Ambientales.

Las comunidades Magdalena Ocotlán, Maguey Largo, El Cuajilote y San José del Progreso, ejido de Ocotlán, son víctimas de la política del gobierno federal de concesionar a extranjeros los recursos, expresó Eduardo Vázquez, uno de los representantes de la comunidad San José.

Explicó que en 2006 arribó a la zona la compañía Cuzcatlán, filial de la minera canadiense Fortuna Silver, para explotar oro y plata. Iban a ser 92 hectáreas las afectadas de manera directa y en el resto se proyectaba establecer patios de jales, lagunas de oxidación, tuberías, represas, plantas eléctricas y depósitos de combustible.

En dicha superficie se encuentra una tercera parte de la zona urbana de la comunidad, así como el único recurso hídrico para la agricultura, que es la presa Benito Juárez. Con ello se agrava la situación de la sequía en la zona. Detalló, en entrevista, que hay una comunidad de 900 familias, de las cuales sólo 276 tienen servicio de agua potable.

En la zona existen problemas para el abasto del líquido, ya que hay veda para el aprovechamiento, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dan facilidades a la empresa para explotar el recurso.

Explicó que los ejidatarios cuestionaron a las autoridades locales y municipales sobre dicha situación, y la respuesta fue que no sabían, debido a que la compañía viene con permisos federales y estatales, y que a ellos no competía negar u otorgar la autorización.

Detalló que durante 2008 acudieron a reuniones ejidales y municipales para exigir información, pero les ha sido negada, por lo que el 14 de marzo de este año los habitantes tomaron la mina –que tendrá una profundidad de 5 mil metros y una superficie de 300 metros lineales–. El 6 de mayo fueron desalojados.

Dijo que la operación de la mina es ilegal, ya que sólo la asamblea de ejidatarios puede dar la autorización para la concesión de la tierra, lo cual no ha ocurrido porque nunca se ha efectuado la reunión. La empresa y autoridades locales han buscado de manera particular a diferentes ejidatarios y les ofrecen dinero, ropa y algunos apoyos a cambio de sus firmas de autorización.

Eduardo Vázquez, acompañado por otros ejidatarios, indicó que la comunidad requiere un nuevo mecanismo de elección de autoridades. Debido a que promueven esto, el presidente municipal, Óscar Venancio Martínez, ha hostigado y golpeado a varias personas. “Un problema que era de orden ambiental se transforma en algo político. La minera sigue con las viejas prácticas de aprovecharse de la gente mediante la entrega de recursos a cambio de firmas.

No entendemos cómo la empresa obtuvo la concesión de las 702 hectáreas, porque son propiedad ejidal. Es algo que la Procuraduría Agraria se niega a informar. Rechaza hacer una asamblea general de ejidatarios, destacó.