Oaxaca, Oax., 9 de noviembre. El tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Poder Judicial de la Federación (PJF) declaró infundada una queja, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la juez quinta de distrito con sede en Oaxaca, Rosa Iliana Noriega Pérez, por no atender su solicitud de admisión de más pruebas contra Juan Manuel Martínez Moreno, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), acusado de dar muerte al camarógrafo estadunidense Brad Will, el 27 de octubre de 2006.

La abogada del appista, Alba Cruz Ramos, dijo que el PJF desechó la reclamación de la agente del Ministerio Público Federal de la PGR adscrita al juzgado quinto de distrito, Graciela Becerril Godínez, el 25 de agosto pasado, por contravenir el artículo 78 de la Ley de Amparo, donde se ordena dictar sentencia tal como el acto reclamado aparezca probado ante la autoridad, sin atender a pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

Explicó que Becerril Godínez pretendía entregar muestras que supuestamente probaban la presencia de Martínez Moreno al lado de Will el día de los hechos.

Consideró que la queja de Becerril pretendía claramente retardar la audiencia constitucional del amparo solicitado por la defensa contra el auto de formal prisión dictado al appista por el juez cuarto de lo penal, Salvador Cordero Colmenares, por carecer de pruebas para ser sometido a proceso como presunto responsable del crimen de Will.

No existe una sola prueba fehaciente en su contra, ni un señalamiento directo de los testigos presentados. Sin duda, la queja fue para retrasar la administración de justicia en el caso, asentó.

Cruz Ramos dijo que ahora la juez Noriega deberá levantar la suspensión del juicio de amparo y programar la audiencia constitucional, para luego dictar sentencia, en este caso, confirmar el auto de formal prisión o bien, ordenar la libertad de Martínez Moreno.

Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado de Kathy y Howard Will, padres del camarógrafo estadunidense, sostuvo que sus representados aceptarían que su hijo fue asesinado por un activista de la APPO, pero a partir de una investigación lógica y sustentada en evidencias y pruebas científicas. No nos importa quién sea el responsable, pero sí queremos una explicación razonada y con pruebas creíbles, señaló.

De los Santos, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y defensor de los derechos humanos, expuso que no ha sucedido así y que con el encarcelamiento de Juan Manuel Martínez se está cubriendo con impunidad a los verdaderos perpetradores.