urante su participación en el foro México, Cumbre de Negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, Roberto González Barrera, presidente de Gruma y del Grupo Financiero Banorte, dijo que el sistema mexicano está agotado y ha producido pocos resultados durante los últimos 25 años, con un crecimiento económico muy bajo y poca generación de empleos.

Los señalamientos del empresario regiomontano se suman a los formulados el pasado domingo por Carlos Slim, quien afirmó que las recientes administraciones del país han confundido instrumentos con objetivos en la búsqueda del equilibrio en las finanzas públicas, señaló que las políticas fiscal y monetaria de los últimos gobiernos no han estado orientadas al desarrollo económico, a la creación de empleo ni al crecimiento; criticó el hecho de que hemos vivido con ajustes económicos impuestos desde afuera, en lugar de poner en práctica planes de desarrollo, y llamó a fortalecer la economía interna y a hacer valer la rectoría del Estado.

Un día antes, Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz y organizador del encuentro empresarial, advirtió sobre la existencia de un sentir de preocupación en el entorno empresarial, y afirmó que éste se debía, más que a las afectaciones derivadas de la actual crisis financiera, a la situación económica y social que se vive en el país, el cual –dijo– se encuentra en un punto de no retorno.

Estas declaraciones, en conjunto, dan cuenta de una convergencia de diagnósticos y opiniones entre tres miembros prominentes de la cúpula empresarial del país –quienes cuentan, además, con una considerable proyección política– y distintos sectores de la oposición, la academia y la sociedad en general en torno a la inviabilidad del modelo económico aún vigente y la necesidad de dar un viraje en materia de política económica, a fin de salir de la crisis y superar los históricos rezagos sociales.

En efecto, como dejó entrever Slim, a lo largo de las más de dos décadas que comprende el ciclo neoliberal, los sucesivos gobiernos han tenido como objetivo casi único garantizar una incierta estabilidad en los indicadores macroeconómicos, y para ello han adoptado medidas que derivan en el empobrecimiento sistemático de los sectores mayoritarios de la población –contención salarial, cancelación de mecanismos de bienestar social, apertura indiscriminada de mercados, derogación de prerrogativas salariales y desmantelamiento de la propiedad pública, entre otras– e incentivan la concentración de la riqueza nacional en un puñado de grandes propietarios, entre quienes se encuentran algunos de los participantes en el encuentro que se desarrolla en Monterrey.

Para colmo, como advirtió el propio González Barrera, tales directrices no han servido para que nuestra economía exhiba un desempeño mínimamente aceptable: como botón de muestra, baste señalar que durante el sexenio de Vicente Fox el producto interno bruto del país tuvo un crecimiento promedio apenas por encima de 2 por ciento, pese a que en ese mismo periodo se tuvieron ingresos históricos –cerca de 75 mil millones de dólares– por concepto de las ventas internacionales de crudo.

Hasta ahora el grupo gobernante se ha empeñado en ejercer el poder público de espaldas a la realidad y en desoír los reclamos provenientes de las oposiciones políticas y sociales, el sindicalismo independiente, los desempleados, los trabajadores informales, los habitantes de los entornos rurales y los sectores populares. Cabría esperar que el calderonismo –caracterizado por su obsecuencia frente a los intereses de las corporaciones privadas nacionales y extranjeras– escuche y atienda las voces de los empresarios mencionados y reconozca que es impostergable una transformación profunda de los principios rectores en materia de política económica en el país, lejos de la nefasta preceptiva del llamado Consenso de Washington.