El sector empresarial respaldará las medidas impulsadas por la administración capitalina para reactivar la economía mediante la reducción de trámites y costos, la eliminación de multas y clausuras indebidas y la aplicación de incentivos para la regularización e instalación de micro y pequeños negocios, generadores de 85 por ciento de los empleos en la ciudad, afirmó el presidente de la Coparmex-DF, Juan de Dios Barba Nava.

La modernización del marco normativo ha sido un reclamo desde hace tiempo para acabar con actos de corrupción, que de enero a septiembre derivaron en la clausura de dos mil negocios, cuando no estaba en riesgo la seguridad de trabajadores y asistentes, no se cometieron actos ilícitos ni presentaban problemas de protección civil: sólo por no ponerse sus dueños o encargados a mano con los inspectores.

La mitad de esos negocios, sin embargo, no volvieron a abrir, pues se les solicitó una cantidad de dinero superior a su valor para retirar los sellos de clausura; cambiaron de giro o lo complementaron, con el consecuente despido de personal, cuando se requieren mayores facilidades para que las empresas se instalen, creen empleos y se recobren las pérdidas por 15 mil millones de pesos que dejó la emergencia sanitaria en mayo pasado, expresó.

Los detalles de la propuesta presentada por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a los legisladores locales serán conocidos hoy en la reunión del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, pero de antemano vamos a trabajar de manera conjunta con las autoridades en todo aquello que facilite la actividad económica, sin importar banderas partidistas, para salir adelante, afirmó.

El Distrito Federal, reconoció, corre el riesgo de no contar con los recursos económicos necesarios el próximo año, por lo cual se deben unir esfuerzos para que las micro y pequeñas empresas sobrevivan más de un año, como sucede actualmente, pues son las principales generadoras de empleo, y se otorguen incentivos fiscales a quienes cumplan, sin importar su tamaño.

Por ello es importante no sólo reducir trámites y costos, sino homologar con las delegaciones y determinar cuáles son las causales que derivarán en la clausura de negocios, pues la interpretación que se da a las cuestiones de protección civil se ha convertido en el arma favorita de algunos servidores públicos para extorsionar y acabar con una fuente de empleo y hasta con el patrimonio de muchos emprendedores, comentó.