Tras la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se agravará la débil rendición de cuentas de los recursos públicos por el gobierno federal, pues no existe un sistema independiente y eficiente que lo sustituya.

En lo anterior coincidieron Arturo Orci, director general de desempeño del desarrollo social de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Juan Pablo Guerrero, ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y Miguel Pulido, de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.

En el ámbito estatal también existe discrecionalidad en el gasto de los recursos federales que se dan a las 32 entidades, ya que 99 por ciento de los Congresos locales son dominados por legisladores que pertenecen a un partido que es el mismo del titular del Ejecutivo, subrayó Orci.

A escala federal, destacó, debe buscarse la manera de hacer más eficiente el control interno en las dependencias y entidades del Ejecutivo.

Al participar en el seminario Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval advirtió que tras la desaparición de la SFP, debe efectuarse un rediseño completo de la contraloría que implique una cirugía profunda en términos de la rendición de cuentas y transparencia.

Coincidió con Guerrero en que se debe crear una ley de protección a informantes, tanto públicos como privados, pues hay mucha gente que quiere denunciar actos de corrupción en la esfera pública, pero no existen garantías.

La mayoría de los mexicanos tenemos probidad y voluntad de combate a la corrupción, pero no hay garantías ni laborales, ni políticas, ni cívicas básicas.

También propuso una ley de combate a los conflictos de interés que abundan en las instituciones de rendición de cuentas, como en el IFAI, la SFP, la Cámara de Diputados y en áreas donde debe existir la mayor probidad posible e independencia de criterios.

Ackerman dijo que no extrañará a la SFP, porque no ha sido útil para combatir la corrupción en México. Sin embargo, Felipe Calderón no ha planteado ninguna alternativa. En cambio, pasar el servicio civil de carrera a la Secretaría de Hacienda, y la contraloría a la Presidencia implica retrocesos significativos.