La decisión del gobierno federal y de su partido, Acción Nacional, de avalar junto con el PRI que se exima del pago de impuestos por cerca de 6 mil millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones que incursionarán en uno de los negocios más rentables del espacio radioeléctrico, el de los servicios de tercera generación en telefonía móvil, se concretó a pesar de disposiciones iniciales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con un documento del cual La Jornada tiene copia, la Subsecretaría de Ingresos de esa dependencia fijó el pasado 28 de agosto los montos que deberían pagar los consorcios que resultaran beneficiados para brindar los servicios de tercera generación en telefonía móvil, los cuales permitirán ver televisión y acceder a Internet a través de un celular.

Se trata del oficio de la SHCP con folio 24362, dirigido al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, que forma parte de una serie de mensajes entre ese organismo y la dependencia a cargo de Agustín Carstens en torno a ese punto. Todos los escritos fueron clasificados en reserva durante 12 años, a pesar de que se refieren a bienes propiedad de la Nación.

En el oficio, la autoridad hacendaria fijó en un total de 2 mil 816 millones de pesos los derechos anuales para las empresas ganadoras de las concesiones, y señaló que lo recaudado durante la subasta sería adicional a ese gravamen.

No obstante, la semana pasada, en vísperas de que se aprobara en el Senado la condonación de gravámenes por dos años a las empresas de telefonía que podrán ofrecer el triple play, desde diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aseguró a los senadores del PAN que la subasta para licitar las nuevas dos bandas daría de entrada mucho dinero al erario y permitiría reponer lo que se perderá por la exención fiscal. El argumento se usó para convencerlos de votar en favor.

Senadores panistas pusieron en duda tales afirmaciones y cuestionaron que se les pidiera defender ese regalo fiscal, que surgió en San Lázaro por iniciativa de un diputado del PRI afín a Manlio Fabio Beltrones. Se trata de una de las bandas que más codician los empresarios del sector de telecomunicaciones, ya que les permitirá asociar servicios a los que ya prestan hoy día.

En ese documento de Hacienda, del pasado 18 de agosto, se detallan los cobros por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, específicamente de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (MHz) y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 MHz.

La banda será licitada por bloques: dos redes nacionales de 30 MHz cada una y otros tres segmentos regionales de 10 MHz, lo que da un total de 90 megahercios. En el oficio se precisa que el importe anual que las empresas deberán cubrir por el concepto de derechos será de 31 millones 814 mil 630 pesos por MHz.

Si esa suma se multiplica por los 90 MHz, da un total de 2 mil 816 millones de pesos. Los consorcios deberían cubrir además 5 millones 978 mil 829 pesos, por MHz, como precio mínimo de inicio para la licitación número 21, lo que multiplicado por 90 da unos 540 millones de pesos.

Este último es el único gravamen que las empresas ganadoras pagarán al fisco, ya que el Congreso les condonó el pago de derechos durante los años 2010 y 2011. La exención es cercana a 6 mil millones de pesos.

En la discusión de esa Ley Federal de Derechos en el Congreso el PAN se dividió, ya que en la última votación en el Senado, el pasado 29 de octubre, la mitad de la bancada blanquiazul, con Santiago Creel a la cabeza, votó en contra de un privilegio fiscal de ese tamaño a los poderosos empresarios de telecomunicaciones.

Una de las preocupaciones de los senadores de PAN, PRD y PT que votaron contra el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos fueron las versiones de que la beneficiaria principal con tales exenciones será Televisa. Pocos quisieron hablar públicamente del tema. Sin embargo, de acuerdo con expertos en telecomunicaciones, la decisión de la Comisión Federal de Competencia de poner un límite de 80 MHz a los competidores hace que Teléfonos de México sólo pueda competir por 10 MHz, porque con lo que ya tiene en la actualidad rebasaría el límite.

Ello abre la puerta a Televisa y Nextel a competir por las dos redes nacionales de 30 MHz. Cuando se votó ese tema en Xicoténcatl, no sólo legisladores del partido en el gobierno cambiaron su voto. Lo hicieron también la fracción de Convergencia y siete senadores del PRD que buscarán la candidatura a gobernador de sus entidades. Salieron del salón de sesiones, para no votar.