Para detener la campaña que ha desplegado la Iglesia católica en contra del Estado laico, al tratar de que se establezca una laicidad a modo, cuanto antes deben concretarse cambios constitucionales que estipulen claramente que México es una república laica y que quienes violen esa condición deben ser sancionados, propuso Rigoberto Mata Medina, presidente del Foro Intereclesiástico Mexicano (FIM).

En entrevista, precisó que desde hace más de dos años la Iglesia católica violenta el Estado laico con el argumento de que se establezca una libertad religiosa, y para ello intenta modificar el artículo 24 Constitucional. Añadió que dicha intención se basa en instrucciones del Vaticano para Latinoamérica.

Precisó que lo que pretende la jerarquía católica mexicana se deriva de una exigencia papal, pues en enero de 2007 Benedicto XVI giró instrucciones a sus 20 nuncios apostólicos presentes en la región para intervenir en las decisiones de los legisladores de cada país procurando cambiar las leyes y garantizar el establecimiento de una libertad religiosa ad hoc a sus intereses.

La intención de la jerarquía católica es modificar el artículo 24 constitucional para cambiar el texto que habla de libertad de credo y creencia y poner libertad religiosa, y así no tendrían impedimento para recuperar los privilegios perdidos hace 150 años con las Leyes de Reforma.

Tras señalar que con esta promoción de la libertad religiosa a modo la Iglesia católica quiere abusar y tener el poderío que tuvo hace algunos siglos, advirtió que los mexicanos no deben dejarse engañar, ni menos los legisladores, con una frase que suena muy bonita, pero que esconde intereses de poder.

Manifestó que, durante la legislatura pasada, el FIM hizo llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados una propuesta de iniciativa de ley para precisar que México es laico y establecer castigos a quienes vulneren esa condición, y ésta fue aprobada por dicha comisión.

Derivado de esto confió en que pronto pueda concretarse el cambio en el texto constitucional para que quien atente contra la laicidad sea llamado a cuentas.

Precisó que la Iglesia católica no quita el dedo del renglón en su afán por instaurar su libertad religiosa a modo para que le den la oportunidad de interferir en políticas públicas y poseer y controlar medios de comunicación.

Sobre la intolerancia y discriminación religiosa en el país, precisó que pese a existir una legislación que garantiza la libertad religiosa, hay minorías que siguen sufriendo señalamientos, vejaciones; son excluidos, estigmatizados, olvidados y se menoscaban sus derechos, prerrogativas y libertades fundamentales.