Monterrey, NL, 7 de noviembre. El dirigente del PRI en Nuevo León, Miguel Ángel Lozano, apoyó la idea del alcalde de San Pedro Garza, el panista Mauricio Fernández Garza, de crear un grupo rudo para combatir el crimen organizado, el cual sería financiado con recursos de la iniciativa privada.

Señaló que ese mecanismo se deberá revisar, porque es inteligente mezclar recursos, pero más que se transparenten.

Expuso que resulta satisfactorio que Fernández Garza esté en una buena coordinación con el gobierno federal y el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz para combatir la delincuencia.

Sin embargo, Medina de la Cruz advirtió que si este grupo al que el alcalde se refiere, de limpieza, actúa dentro de los márgenes legales y está formado por elementos oficiales, de gobierno, puede actuar; pero no toleraremos ni permitiremos a grupos fuera de la ley que estén precisamente al margen porque no podemos combatir la delincuencia con delincuencia, como lo dijo el secretario de Gobernación, advirtió.

El gobernador aseveró que Fernández Garza no le ha presentado el proyecto ni tiene conocimiento de cómo sería integrado u operaría el grupo, al que la prensa ya llama escuadrones de la muerte, pero le pedirá información al respecto.

No obstante, reiteró su reconocimiento de que es muy positiva la actitud del alcalde de entrarle al tema del combate a la delincuencia, pero, insistió, siempre y cuando, sea conforme a la reglamentación, a la ley y nunca al margen de ella.

Por otra parte, la procuraduría de Justicia del estado dictó arraigo precautorio, de al menos un mes, a 12 policías de García –municipio vecino de San Pedro Garza García– y a tres civiles por su probable participación en el ataque armado del miércoles en el que fallecieron el secretario de Seguridad Pública y Vialidad de esa localidad, general Juan Arturo Esparza García, y cuatro escoltas.

Entre los agentes sujetos a arraigo se encuentra José Ernesto Rincón Muñiz, quien fue director de la policía municipal hasta el sábado anterior.

También fueron arraigados tres civiles, incluido Norberto Jaime Treviño, pues días antes del atentado Jaime Rodríguez Calderón había sido citado por el alcalde para hablar sobre una denuncia de que extraía ilegalmente tierra de predios municipales; en lugar de acudir al llamado, pidió a Víctor Manuel Gómez Ortiz, otro de los arraigados, a que contactara con pistoleros de Los Zetas para que le dieran un susto al edil.

Posteriormente los sicarios dejaron una amenaza en casa del munícipe y éste pidió apoyo al general Esparza, a quien los sicarios acribillaron cuando acudía al llamado. Siguen siendo interrogados unos 80 agentes municipales de García en la Agencia Estatal de Investigaciones y la séptima Zona Militar.