Las acciones de gobierno encaminadas a proteger a las poblaciones en situación de calle de la ciudad de México terminan, en muchas ocasiones, convirtiéndose en lo que se ha denominado discriminación tutelar, pues se violan sus derechos al, por ejemplo, llevarlos por la fuerza a lugares como albergues o anexos, pero en todos los casos regresan nuevamente a las calles en condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad pues deben ocultarse para evitar estas acciones de salvamento, se señala en el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, elaborado por representantes de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y del gobierno capitalino.

Asimismo, señalan dichos documentos, se cae en prácticas autoritarias al retirarlos de la vista de transeúntes o turistas con el pretexto de que se encuentran en lugares históricos o por el rescate de espacios públicos, y se hace mediante amenazas e incluso violencia y sin ofrecerles alternativas.

Además hay un desconocimiento sobre el número de personas que se encuentran en esta situación, las cifras más recientes señalan que en 2007, en el DF había dos mil 759 personas en situación de calle, de las cuales 19 por ciento son mujeres, 9.2 por ciento, menores de 17 años, y 11.6 por ciento se tratan de mayores de 60 años.

En el capítulo 26 del Programa de Derechos Humanos –cuyas líneas de acción se pretende convertir en políticas públicas– denominado Derechos de las poblaciones callejeras, se remarca la importancia de reconocer a este sector como un grupo social excluido, que sobrevive con sus propios recursos en la adversidad de la calle y como sujetos plenos de derechos.

Sin embargo, las acciones de gobierno dirigidas a apoyar estas poblaciones no tienen su base en el principio de igualdad y devienen en la discriminación tutelar, lo que significa que no todo lo que hacen las autoridades con el fin de protegerlos tiene un enfoque de derechos humanos, ya que en el fondo se usa como medio para justificar actos autoritarios.

También se cuestiona el uso de estrategias denominadas de cero tolerancia contra las poblaciones callejeras, al retirarlos de plazas y cruceros con el argumento de que afectan el turismo, el comercio y los vehículos o el rescate de espacios públicos, que obligan a niños, adultos y ancianos a establecerse en la periferia de la ciudad.

Un ejemplo de esta situación es el testimonio de un grupo de jóvenes callejeros que se quedaba en el parque Felipe Ángeles, ubicado en la colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, donde funcionarios de la demarcación y policías les dijeron que no podían seguir ahí por dar mal aspecto en la vía pública y por estar inhalando solventes. Quienes se opusieron a retirarse fueron levantados y llevados en una camioneta, situación que se repitió durante tres días. Según los afectados, algunos de los detenidos fueron llevados a anexos y otros, al Ministerio Público.

Ante esta situación, el Programa de Derechos Humanos señala que para solucionar esta problemática se debe legislar y realizar políticas públicas integrales dirigidas a este sector, garantizar el derecho a una vivienda digna, a un empleo, a la salud, una vida libre de violencia, la libertad y acceso a la justicia.

Para tal propósito se establecieron 66 líneas de acción como reformas a la Ley de Cultura Cívica del DF, realizar un monitoreo, crear un sistema de información estadística, implementar un programa de atención y prevención integral, garantizar que las reglas de operación del Instituto de Vivienda les permitan acceder a una vivienda digna, así como sancionar administrativa o penalmente el internamiento forzado y erradicar el desalojo de las poblaciones callejeras.