La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto del jefe del Ejecutivo que declara la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Los diputados locales por el PRD Alejandro Sánchez Camacho, José Luis Muñoz Soria, Karen Quiroga Anguiano y Fernando Cuéllar Reyes entregaron el escrito –firmado por el presidente de la mesa directiva de la ALDF, el priísta Emiliano Aguilar Esquivel– e hicieron un llamado a entes, poderes, órganos públicos y ayuntamientos a adherirse a él o actuar por su cuenta ante el máximo órgano jurisdiccional.

Sánchez Camacho defendió la facultad de la ALDF, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, de promover dicho recurso. Resaltó que, como poder legislativo de una entidad donde LFC prestaba el servicio de energía eléctrica, tiene la obligación de representar los intereses de la población. Además, abundó, se violentaron los derechos laborales de cerca de 44 mil trabajadores.

Los legisladores sostuvieron que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, Felipe Calderón estableció medidas que son un anuncio inminente de violaciones masivas a derechos y libertades para los sindicatos.

En específico mencionaron el artículo cuarto, fracción segunda –establecido en el decreto de extinción de LFC–, sobre el gasto programable para provisiones salariales y económicas, en el cual se regulan las compensaciones a los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de sus servicios en la administración pública federal, que se pueden aplicar para la liquidación de los servidores públicos que corresponda y los gastos asociados a ésta, así como a los pagos que se originen como consecuencia de la desincorporación de entidades o de la eliminación de unidades administrativas de las dependencias.

“Es evidente –agregaron– que dicho artículo fue establecido con el propósito de tener una partida específica para el pago de las liquidaciones consecuencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ya que debido al principio de especialidad era necesario tener un monto de crédito autorizado.” Alertó que dicha fracción puede aplicarse en los mismos términos a personal de los sectores educativo y sanitario.

Sánchez Camacho expresó que el escrito pide a la SCJN anular el decreto de extinción de LFC y que obligue al gobierno federal a respetar los principios de la división de poderes, debido a que Calderón Hinojosa invadió facultades del Legislativo federal con esa decisión.

Este decreto está violando los artículos primero, 14, 16 , 25, 26, 27, 28, 41, 49, 50, 72, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón venimos a interponer esta controversia constitucional y porque en el fondo lo que se pretende es entregar la generación y distribución de energía eléctrica al capital privado por la puerta trasera.

En ese contexto, el legislador agregó que a través de la Comisión de Educación de la ALDF se está explorando la posibilidad de crear un fideicomiso para recabar fondos entre organizaciones sociales, organismos internacionales, sindicatos y ciudadanos en general para evitar que los hijos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas abandonen sus estudios por falta de recursos económicos en tanto se resuelve el conflicto.

Por la tarde, la fracción parlamentaria del PAN en la ALDF, por conducto del diputado Carlos Pizano Salinas, cuestionó la posibilidad de que proceda esa controversia contra el decreto de extinción de LFC al señalar que el órgano legislativo local carece de interés legítimo para proceder y menos aún tiene competencia sobre las entidades federales paraestatales.

En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no hay ningún agravio jurídico con la extinción del decreto ordenado por el Poder Ejecutivo, señaló el diputado.