no de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.
La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.
Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.
Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.
A la fecha, la estrategia del premio adicional para aquellos que reciban la liquidación antes del 14 de noviembre, ofrecido en proporción a los años de antigüedad, no ha surtido los efectos esperados, porque los trabajadores saben que una vez superado el absurdo ultimátum el gobierno se verá obligado a negociar en términos diferentes. De mantenerse la magnitud de la resistencia, no sólo deberá renovar sus ofertas de pagos adicionales por elementales principios de igualdad, sino que incluso buscará mejorar sus ofertas, sobre todo a los trabajadores con antigüedad avanzada, con ofrecimientos de carácter jubilatorio. Resulta obvio que para un trabajador con mediana antigüedad la propuesta indemnizatoria no es atractiva, porque la posibilidad de regresar al trabajo por la vía legal, de recibir una resolución favorable acerca de su jubilación o al pago de salarios caídos con motivo de la ilegalidad de su separación constituye una alternativa sensiblemente mejor que conformarse con la oferta gubernamental.
También ha resultado ilusoria la oferta de recontratación a aquellos que sean liquidados, ya que hasta la fecha no se ha concretado su inserción en la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, la autoridad laboral ofrece cursos a los despedidos con el fin de que inicien sus changarros y se subcontraten en una condición penosa en esa empresa. Por lo visto, dicha autoridad se ha convertido en promotora de un outsourcing ilegal que viola los principios que deben regir toda relación de trabajo.
La próxima semana no será fácil para las familias de los trabajadores, porque la pérdida de un empleo trastoca su estabilidad, formas, proyectos de vida, la propia autoestima y seguridad personal. Apoyados en la solidaridad, cuyo primer nivel deviene del ámbito familiar, deberán resistir el embate liquidatorio. Resulta contrastante que mientras en otros países los gobiernos diseñan planes y programas generadores de empleo, fortalecimiento del mercado interno y crecimiento, en el nuestro se haya optado por privar de tajo a miles de familias de la posibilidad de subsistencia, como si fuera el único camino para mejorar el servicio público eléctrico.
El golpe a los trabajadores de LFC trasciende las fronteras de este gremio, ya que lesiona a hombres y mujeres que viven de su trabajo. Sería mala noticia para todos que esta maniobra gubernamental lograra sus fines. Por ellos y por nosotros, es tiempo de desplegar en su favor la máxima solidaridad posible.
