una semana de que se suscribió el acuerdo entre el régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti y el gobierno constitucional de Manuel Zelaya para restituir la institucionalidad democrática en Honduras, y luego de que el Congreso de ese país se negara a ratificar la restitución del legítimo mandatario, los usurpadores formularon ayer un enésimo intento para preservar su aventura: la creación de un gobierno de unidad –como en efecto lo planteaba el denominado acuerdo Tegucigalpa-San José–, pero encabezado por el propio Micheletti, sin la participación de Zelaya. Ante ello, el presidente constitucional dijo que el referido convenio es letra muerta, y dio por fracasado el proceso de negociación, lo que vuelve a plantear un callejón sin salida para la crisis que se vive en ese infortunado país centroamericano.

El beneplácito mostrado inicialmente por la comunidad internacional ante la firma del acuerdo –pese a que éste resultaba sumamente benévolo con los golpistas– se vio eclipsado por el nuevo disparate del régimen de facto. Desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, deploró los planteamientos de Micheletti, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos se dijo decepcionado por la situación, y urgió a ambas partes a trabajar en el mejor interés del pueblo hondureño y regresar a la mesa inmediatamente para alcanzar un acuerdo en la formación de un gobierno de unidad.

El llamado de Estados Unidos encierra un despropósito mayúsculo, toda vez que fue el propio gobierno de Washington el que supervisó y avaló la suscripción del acuerdo Tegucigalpa-San José, y que el incumplimiento de éste debería ser motivo suficiente para reconocer lo que es evidente a los ojos de la opinión pública internacional: a los golpistas hondureños no les interesa negociar ni mucho menos restablecer la legalidad y el orden constitucional en Honduras, sino perpetuar su proyecto y garantizarse impunidad mediante las elecciones presidenciales del 29 de noviembre próximo, con la imposición de un candidato a modo.

La tibieza y ambigüedad iniciales del gobierno estadunidense hacia los participantes en la asonada oligárquico-militar, y su actual convocatoria a restablecer un diálogo que sería tan infértil como el anterior, refuerzan la percepción de que, pese al rechazo expresado en reiteradas ocasiones por el presidente Barack Obama hacia el golpe hondureño, éste es visto con buenos ojos por algunos grupos políticos y empresariales al interior de ese país y por el propio Departamento de Estado.

El incumplimiento del acuerdo abre, así, un escenario desastroso para la diplomacia internacional en general, y para la ejercida por Washington en particular, y plantea nuevas perspectivas de sufrimiento y penurias para los habitantes del país centroamericano, quienes han resentido la aplicación de unas medidas de aislamiento económico a todas luces insuficientes para persuadir a los golpistas, pero devastadoras en términos sociales para la segunda nación más pobre de la región, sólo por detrás de Haití.

En suma, el fracaso de las negociaciones en Honduras acerca la posibilidad de que la camarilla empresarial y castrense que se hizo del poder hace más de cuatro meses en aquel país logre su propósito de mantenerse en él hasta la realización de los comicios al cabo del presente mes. Si ese escenario logra concretarse, el mundo asistirá, así sea con repulsión, a la consolidación de un régimen ilegítimo y criminal, se asestará un golpe demoledor a la vigencia de las incipientes democracias latinoamericanas y se enviará un mensaje de aliento a los sectores retrógradas y antidemocráticos de Honduras y de toda la región.