El PAN en la Cámara de Diputados se adelantó a la fracción del PRI en el Senado al presentar una iniciativa de ley general de secuestro, que propone como obligación coordinar tareas en el combate a ese delito, sancionar a funcionarios de bancos que filtren información al crimen organizado y a quienes no denuncien un caso de privación ilegal de la libertad con fines de extorsión.

En el Senado, los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, el panista Felipe González, y de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, urgieron a que se dictaminen las 14 iniciativas en la materia que se encuentran en este órgano legislativo. La aprobación de una ley general antisecuestro deberá debilitar a la delincuencia quitándole su poder financiero, sostuvo Alejandro González.

Ambos legisladores participaron en el foro Secuestro de migrantes en México, organizado por la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur para abordar esta problemática, en la que cotidianamente cientos de indocumentados son plagiados por bandas del crimen organizado.

También estuvo Armando Torres Sasía, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien refirió datos del informe especial sobre plagio de migrantes en México, según el cual, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 fueron víctimas de ese delito 9 mil 758 personas, aunque la cifra podría ser de 20 mil al año.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el panista Carlos Pérez Cuevas planteó que el proyecto propuesto considera definir la competencia de la Federación, los estados y el Distrito Federal para conocer del delito de secuestro.

La iniciativa busca imponer prisión perpetua al plagiario cuando la víctima sea menor de 18 años, sea incapaz de comprender el significado del hecho para resistirlo, o si tiene más de 70 años.

Además, plantea la misma prisión perpetua si durante el plagio se ocasiona a la víctima una mutilación, trato cruel o alguna lesión; cuando la víctima fallezca durante el secuestro o el autor sea, haya sido o se ostente, sin serlo, como miembro de alguna institución de seguridad pública o privada de procuración o administración de justicia o de las fuerzas armadas.

También propone contar con un cuerpo policiaco especializado contra dicho delito, que realice actividades de inteligencia, investigación, persecución y detención de los secuestradores y cuente con recursos humanos y tecnológicos adecuados.

El legislador refirió que la iniciativa busca proteger a los periodistas como víctimas altamente vulnerables al secuestro, entre otros temas.