La administración de la Cámara de Diputados determinó realizar un recorte de 500 millones de pesos, cantidad que significa 10 por ciento de su presupuesto total (5 mil millones de pesos) para 2010, informó el secretario general de esa instancia legislativa, Guillermo Haro.

Aunado a ese ajuste, dijo, se podrían reducir varias prestaciones a los diputados, entre ellas el seguro de gastos médicos mayores, la tarjeta para el pago de carreteras y los boletos para vuelos nacionales e internacionales. Anticipó que habrá una sensible reducción del personal por honorarios y en la estructura de la actual legislatura.

Entrevistado tras su participación en el foro Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Haro planteó que la estructura actual de la Cámara de Diputados es muy pesada. En particular, dijo, la vinculada con la creación de un organismo autónomo que garantice la transparencia y el acceso a la información.

“El nuevo reglamento de la Cámara –en donde se ordena la creación de la nueva estructura burocrática para la transparencia– peca demasiado de tener una estructura burocrática”. Lo recomendable, agregó el legislador, es tener más políticas y criterios para la rendición de cuentas y transparencia, pero no personal.

Durante su ponencia, consideró que el sistema electoral actual está rebasado y es muy costoso. En especial hizo alusión a los perfiles de los diputados y se manifestó porque los plurinominales pasen por el tamiz del voto, porque urge una reforma para mejorar cómo y quiénes llegan al Congreso.

Según Haro, el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados no es oneroso, pues sólo representa 0.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, para el ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) Juan Pablo Guerrero, el gasto erogado en los funcionarios y políticos del país, es excesivo, redundante y se duplica.

Advirtió que el sacrificio que se pide a la ciudadanía con el pago de mayores impuestos, no se ve correspondido con eficiencia y transparencia en el gasto de las diferentes instancias de gobierno.