esde que el salinato decretó la despetrolización de las finanzas públicas, éstas cada día fueron más dependientes del oro negro, hasta llegar a nuestros días, en los que la conjunción de menores precios del crudo de exportación y el descenso en el volumen de producción reventaron las arcas públicas. El boom petrolero no sólo se tradujo en ingresos multimillonarios para el erario (desperdiciados, de cualquier suerte), sino sirvió de pretexto dorado a la clase política para obviar lo que desde hace mucho es una urgencia nacional: una verdadera reforma fiscal de fondo y largo plazo. Y, como parte fundamental de esta última, la despetrolización real.

Pasaron los sexenios, el río de dinero petrolero de nada sirvió y a estas alturas el país se encuentra arrinconado: con las finanzas públicas reventadas, en su máximo punto la dependencia del oro negro, sin reforma fiscal real (sólo parches sobre parches) y, en el borde del precipicio, cada vez con menos petróleo. Pero en el boom de los precios petroleros ni quien se fijara en ese pequeño detalle, y nadie hizo caso de lo que de tiempo atrás se veía venir. Sólo a raíz del shock más grande de los últimos años (Carstens dixit), el inquilino de Los Pinos se enteró de que el petróleo se nos acaba, cuando en los hechos las alarmas se encendieron desde cuando menos tres lustros atrás.

En la fiesta, los ingresos petroleros se dilapidaron; sirvieron para todo, menos para invertir en el país, especialmente en Pemex. Con Fox en Los Pinos el popote de Pemex succionó como nunca, y como nunca también se captaron recursos extraordinarios. Miel sobre hojuelas, que sólo sirvió para petrolizar aún más las finanzas públicas y dejar para después eventuales complicaciones políticas con los barones derivadas de una reforma fiscal verdadera. Entonces, nadie debe llamarse a sorpresa si aquellas sólidas finanzas públicas presumidas desde Los Pinos terminaron donde tarde que temprano lo harían: en el caño.

El sorprendido Calderón lo resumió así: entendámoslo: se nos está acabando el petróleo y eso también nos obliga a cambiar. Pero el cambio ahora promovido debió comenzar, cuando menos, 15 años atrás, cuando Ernesto Zedillo, en ese entonces instalado en la residencia oficial, fue enterado por un grupo de notables (especialistas en la materia) de que si el Estado no invertía en Petróleos Mexicanos y se aferraba a la estructura fiscal y financiera a la que la paraestatal era sometida, entonces el caño estaba a la vista, en el entendido que actualmente su producción es ligeramente superior a la que registró hace una década (1985), aunque sus instalaciones sean exactamente las mismas. Así, para atender dichos renglones, en el próximo decenio (1996-2005) México requerirá de una empresa del doble de tamaño del Pemex actual.

Zedillo hizo caso omiso, porque su política energética no rimaba con inversión del Estado sino con privatización. No hizo lo primero y no pudo lo segundo. Llegó Vicente Fox y sólo procedió en dos sentidos: gastar alocada e improductivamente los excedentes petroleros y hacer la misma rima que su antecesor, con idénticos resultados. Con el haiga sido como haiga sido no cambió ni un ápice la tendencia, sólo que ahora los excedentes no existen; el petróleo se acaba y la dependencia de los ingresos petroleros alcanza niveles de adicción. Pero ninguno de los tres se atrevió a rozar a los barones. Por el contrario.

Entonces, retomemos algunas de las advertencias que aquel grupo de notables hizo a Zedillo (1995), y que nadie tuvo la cortesía de atender, a pesar del notorio deterioro en esta materia. Va pues: uno de los mayores cuellos de botella para el crecimiento financiero y productivo de Pemex lo constituye el hecho de que, en promedio, por cada peso que recibe debe enterar 75 centavos, vía impuestos y derechos, al gobierno federal, de tal suerte que esta carga fiscal no premia suficientemente la eficiencia productiva de la empresa, por lo que se requiriere un esquema de tributación que no inhiba el desarrollo de la industria, sino que lo estimule y asegure que la carga tributaria no conlleve su descapitalización.

Es altamente recomendable que Pemex reciba un trato fiscal más competitivo, en condiciones similares a las que enfrentan las empresas petroleras que operan en el contexto internacional. Por ello, Petróleos Mexicanos debe contar con un régimen fiscal similar al que se aplica al resto de las empresas industriales del país y al de los consorcios internacionales con los que compite en los mercados extranjeros, de tal forma que le permitiría financiar con recursos propios sus programas de expansión, en una perspectiva de largo plazo.

La paraestatal debe reactivar lo antes posible sus programas de expansión, que se han visto afectados durante 11 años (1984-1995) por los constantes recortes presupuestales decretados por el gobierno federal en ese periodo. Si el gobierno mexicano invirtiera significativamente en el desarrollo de nuevos descubrimientos petroleros, la producción nacional podría fácilmente duplicarse en las próximas dos décadas. Paralelamente, la rentabilidad de Petróleos Mexicanos se vería fortalecida, al aprovechar la tendencia alcista de los precios mundiales del crudo.

De no invertir recursos públicos en la paraestatal, la producción de México registraría incrementos modestos hacia el año 2010, aun tomando en consideración el enorme potencial que nuestro país tiene para su exploración y desarrollo. El análisis considera que mayor autonomía no es sinónimo de menor control del gobierno federal, ni de que las acciones de Petróleos Mexicanos resulten inconsistentes con la política macroeconómica del Estado; sin embargo, habrá que permitir a la paraestatal que establezca una planeación de mediano y largo plazos, con base en programas y presupuestos multianuales, a efecto de garantizar mayores niveles de productividad, rentabilidad y competitividad. No sólo se aprovecharían y mejorarían las oportunidades de mercado, sino también se acrecentarían sustancialmente la producción y exportación de crudos y refinados, lo que, junto al incremento de la oferta de petroquímicos, aliviaría en grado significativo los desajustes del sector externo. Eso y más proponían los notables, pero, como suele pasar en este país, nadie hace caso hasta que revienta.

Las rebanadas del pastel

Hoy se cumplen cinco meses de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y alrededor de 40 resultaron lesionados. Los gobiernos federal y estatal, sus respectivas procuradurías, los funcionarios del IMSS, los familiares del primer círculo de Los Pinos y del ex mandatario Bours, los influyentes involucrados; todos, pues, apostaron al paso del tiempo y al olvido. Y van ganando.

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