o pretendo calificar si el Estado mexicano es o no un Estado fallido, como se sugirió en el minidebate venido del norte, pero hay un hecho incontrovertible: el Estado funciona mal, arriba y abajo, en la cabeza y en las extremidades. Es lento, carece de reflejos y, por decirlo así, habla solo y solamente se escucha a sí mismo. Es un Estado ineficaz que no se atreve a reformarse, aunque todos los que viven en él, y de él, lo digan en privado o a gritos en el Congreso, murmurando en la calle o absteniéndose de cualquier entusiasmo participativo.

Hablamos, por supuesto, de las instituciones que son el pilar de la República, pero también de la administración pública más próxima a las necesidades y obligaciones de la ciudadanía. Cabe señalar que en ardor de la transición hubo avances importantes: se llegó a soñar con la profesionalización del servicio público para elevar la calidad del gobierno, evitando por ley el trapicheo, los clientelismos o la simple indolencia burocrática que aún caracterizan a áreas vitales de la administración. Pero el impulso se detuvo bajo el peso de los intereses creados por los grupos corporativos y los altos mandos llegados a sus cargos para inventar el hilo negro de las políticas públicas. Y es que resulta difícil aplicar una ley para profesionalizar el servicio público sin reformar al poder mismo, al régimen que ha de articular el funcionamiento de todas las instituciones. Y es aquí donde las fallas se convierten en un verdadero desastre, pues el gobierno, aunque se proclama fiel a la democracia, carece de autoridad moral y su credibilidad está por los suelos, aunque se reconforte con las encuestas. 

¿Cómo es posible, digamos, que al día siguiente del pacto fiscal suscrito en lo esencial por el PAN y el PRI, sus líderes salgan a manifestar su insatisfacción por los resultados obtenidos, cuando estaba en sus manos evitar las deficiencias advertidas? ¿Cómo se puede hablar de autoridad gubernamental cuando el Presidente de la República hoy se atreve a denunciar al grupo de riquísimos empresarios que eluden pagar impuestos y mañana se dobla ante ellos para pedirles, de favor, su voluntaria cooperación para salvar al país? ¿Y qué decir de la extinción de Luz y Fuerza, decisión tomada al margen de la ley para violar los derechos laborales y humanos de miles de familias afectadas por el despido injustificado, con el único y reconocible propósito de hacer negocios con ciertos muy identificables empresarios sin admitir que la privatización es el objetivo? En realidad, en estas expresiones se descubre que, más allá de las periódicas recaídas de populismo verbal, el gobierno nada tiene que ofrecer al país más que esa oferta clasista y excluyente.

Sus vacuas alusiones a la necesidad de un verdadero pacto económico tras el último chalaneo fiscal o los llamados al diálogo (primero liquídense y luego hablamos) prueban que el gobierno pierde piso y se entrampa en sus propias, lamentables, justificaciones. (O tal vez, en la intimidad del cenáculo, allí donde se sientan a tomar la taza de café el licenciado secretario con el señor Gran Empresario, se discutan grandes ideas, pero de allí tampoco emerge esa agenda general capaz de presentarse como un programa de Estado.)

Les cuesta abandonar la perspectiva de quien atiende la vida a las puertas de su tendajón. Rechazan, incluso, la noción de proyecto nacional. Vamos, ni siquiera la dedicación de algunos conspicuos intelectuales consigue elevar el nivel conceptual de la estrategia de la derecha democrática, abandonada como está a la intuición de sus jefes, es decir, a esa mezcla de ignorancia y  voluntarismo que confía –y no sólo simbólicamente– en que al final lo que vale es tener a la mano toda la fuerza del Estado.

Por ello Carlos Arriola acierta al decir que el PAN tiene miedo a gobernar, sobre todo cuando se le exige el apego a sus doctrinas matrices, cuya universalidad antaño servía para hacer la legítima oposición al régimen de la Revolución, sin admitir que hoy esas sagradas nociones son reliquias insignificantes en el repertorio blanquiazul.

Al conseguir la alternancia, Acción Nacional se descubre ideológicamente desnudo, privado de las ideas-fuerza que la situación exige para transformar al régimen político. A la vuelta de la esquina, todo se había esfumado en el aire. Perdieron la cohesión doctrinaria, y con ella el proyecto utópico de la derecha, ya para entonces mimetizado con las grandes líneas del consenso de Washington, sucedáneo vergonzante del falangismo primitivo o del democratismo anticardenista de los fundadores.

La crisis del Estado pasa, pues, por la ausencia de identidad política de sus actores, carentes de un proyecto sustanciable en el aquí y ahora mexicano. No lo tiene el PAN que preside el Ejecutivo, con su apego ortodoxo al libre mercado, pero tampoco lo tienen los otros que jamás hicieron el balance necesario sobre su origen y destino. Todos se avienen a las reglas del juego, pero eluden definir el cambio estratégico que permita mantener fuera de la retórica la viabilidad de México, pues de eso se trata, finalmente.

Es verdad que los partidos tienen distintas responsabilidades en esta crisis y sería un error compararlas, pero hay que admitir que los políticos, con escasas excepciones, siguen viviendo de las trampillas colocadas para cazar pequeñas presas, lo cual es muy malo para la izquierda, aunque le sirva al PRI, como hemos podido constatar en las reciente elecciones federales; y peor para la democracia. La moderación o la radicalidad no está ahora en el tono, sino en la tonada, en la propuesta de futuro que hoy no se ve por ninguna parte, pero cuya ausencia asfixia la convivencia nacional. 

No es de extrañar que la fórmula derogatoria que condena sin distinción a toda la clase politica se haga acompañar de una solicitud que pretende ser intransigente: para el escozor de la desavenencia la pomada del consenso, la vuelta al ciudadano pródigo liberado del yugo partidista.

No faltan en los discursos las invocaciones al diálogo redentor, la invocación del acuerdo, la proclamación del consenso como fórmula de hermandad, pero todos ellos olvidan que la democracia es necesaria, antes que nada, para dar expresión racional, pública, abierta de las diferencias que dividen a la ciudadanía. Eso es lo primero. Sin embargo, prima el gatopardismo, la confusión. Las alianzas y los acuerdos no son tales, si parten de la tentación autoritaria de suprimir las diferencias. Pero eso es lo que ha venido ocurriendo. No se debate. Se estigmatiza al adversario o se le invisibiliza en el pantano de la información monopolizada por los medios. Por eso, hay que reclamar a los partidos –quizá más a unos que a otros– su falta de claridad ideológica y programática, el acomodo oportunista a las encuestas, el pánico a incomodar a electores que jamás han pensado en ellos. Hay que reclamarles que tomen al Estado en serio.