Nueva York, 4 de noviembre. Un informe patrocinado por la Organización de Naciones Unidas que acusa a Israel y a Hamas de crímenes de guerra –y potencialmente de crímenes contra la humanidad–, está a punto de ser aprobado por la Asamblea General frente a una feroz campaña internacional, en favor de Israel, que busca anularlo y que ha logrado que el Congreso de Estados Unidos rechace sus conclusiones.

El llamado Informe Goldstone –escrito por el juez sudafricano y ex fiscal internacional de crímenes de guerra Richard Goldstone, quien encabezó la comisión de investigación del conflicto de 22 días en diciembre y enero pasado en Gaza en el cual murieron unos mil 400 palestinos y 13 israelíes (entre ellos, tres civiles)–, concluye que Israel y la organización palestina Hamas cometieron crímenes de guerra.

Al denunciar a militantes palestinos por sus ataques con cohetes contra civiles israelíes, el informe también emite su más severa condena a las acciones de Israel en Gaza, calificándolas de ataque deliberadamente desproporcionado diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil, disminuir de manera radical su capacidad económica local, tanto para trabajar como para sustentarse, e imponerle un sentido cada vez más creciente de dependencia y vulnerabilidad.

El informe fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mes pasado y este miércoles fue sometido a la Asamblea General en una resolución que muy probablemente será aprobada este jueves, al concluir el debate que arrancó hoy.

La resolución promovida por los palestinos y apoyada por los países árabes y del movimiento no alineado endosa la recomendaciones del informe, llama a Israel y a los palestinos a investigar las acusaciones de crímenes de guerra dentro de un plazo de tres meses (la recomendación de Goldstone es de seis meses), y solicita que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lleve este asunto ante el Consejo de Seguridad y posiblemente hasta el Tribunal Penal Internacional si las dos partes no cumplen con sus obligaciones de aclarar y aplicar la justicia en estos casos.

Sin embargo, por el hecho de que Estados Unidos tiene el poder del veto en el Consejo de Seguridad, no es probable que prospere esta iniciativa

Pero Israel y sus aliados han lanzado una intensa campaña internacional en la cual han calificado el informe de parcial y han advertido que generará condiciones desfavorables para el proceso de paz en Medio Oriente. Gabriela Shalev, embajadora de Israel ante la ONU, declaró ante la Asamblea General que el debate ante este foro mundial es una campaña más contra las víctimas del terrorismo, el pueblo de Israel. El informe Goldstone y este debate no promueven la paz. Dañan todo esfuerzo para reactivar las negociaciones en nuestra región y niegan a Israel su derecho a la autodefensa. Reiteró las acusaciones de que el informe fue resultado de un mandato no parcial, a través de una misión de investigación de los hechos politizada con conclusiones predeterminadas. Israel rehusó cooperar con la comisión investigadora de Goldstone.

El poder del llamado “lobby judío” en Estados Unidos fue demostrado ayer cuando la Cámara de Representantes aprobó por mayoría abrumadora (344 contra 36) una resolución (sin carácter de ley, o sea, no obligatoria) redactada por la republicana cubanoestadunidense Ileana Ros-Lehtinen junto con el demócrata liberal Howard Berman, que repudia el Informe Goldstone al considerarlo irremediablemente parcial y sin mérito para mayor consideración o legitimidad, e insta al gobierno de Barack Obama a mantener su oposición al informe y a los intentos para implementar sus recomendaciones.

El informe de 575 páginas elaborado por un panel de cuatro miembros encabezado por el juez Goldstone se enfocó en 36 casos representativos, y no fue una revisión de todo lo ocurrido durante el conflicto de tres semanas. Pero las recomendaciones han alarmado al gobierno israelí y a la vez han provocado divisiones tanto dentro de Israel como entre las organizaciones y comunidades judías a escala mundial. De hecho, el asunto podría acelerar una creciente disputa entre la comunidad política judía estadunidense, donde una nueva organización nacional llamada J Street está buscando romper el monopolio del llamado “lobby judío” encabezado por la poderosa organización de cabildeo AIPAC.

Abogando por el fin al conflicto en Medio Oriente mediante vías pacificas y diplomáticas, y en apoyo de una solución del conflicto con los palestinos mediante dos estados, la cada vez más influyente J Street rehusó apoyar la resolución promovida por otras organizaciones judías aprobada por la cámara baja del Congreso ayer, con el argumento de que no podían rechazarse las recomendaciones de Goldstone, aunque sí criticar que la Asamblea General de la ONU y otros que están usando el informe sólo y exclusivamente contra Israel sin tomar en cuenta sus conclusiones sobre Hamas.

Human Rights Watch –entre otras organizaciones de derechos humanos– expresó su apoyo al informe Goldstone, ya que presenta una oportunidad para promover la justicia para las víctimas en Gaza e Israel.

Goldstone, cuyas impecables credenciales como el principal fiscal para crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia, e investigador de abusos de las fuerzas de seguridad durante la época del apartheid en Sudáfrica, también ha sido atacado por su falta de imparcialidad y casi le han tachado de antisemita. Sin embargo, el hecho de que Goldstone es judío y se autoproclama sionista (en el sentido de defender el derecho de existir de Israel) complica un poco las cosas para sus críticos que emplean esa carta.

Aunque Goldstone ha respondido a sus detractores con solicitudes de que demuestren dónde fue parcial o dónde hay fallas en su investigación, pocos han respondido, incluido el gobierno de Obama. En una extensa entrevista reciente con Bill Moyers en la cadena pública PBS, dijo que hay intentos por descalificar al mensajero, ya que es más difícil criticar el informe.

Afirma que los ataques de Israel llegaron a ser represalias y castigo colectivo, y constituyen crímenes de guerra. El gobierno de Israel obviamente tiene el deber de proteger a sus propios ciudadanos. Eso de ninguna manera justifica una política de castigo colectivo de un pueblo bajo una ocupación efectiva, destruyendo sus medios para tener una vida digna, y el trauma causado por el tipo de intervención militar del gobierno Israel con la ofensiva que lanzó en diciembre y enero pasados.