as prioridades de un gobierno no están en su discurso, sino en su presupuesto y en la manera de repartir las cargas impositivas. Ya se aprobó una Ley de Ingresos que carga sobre los ciudadanos el incremento de impuestos y no toca los privilegios de los grandes corporativos.
El proyecto de presupuesto de salud revela las prioridades en este ámbito y documenta la insistencia en el Seguro Popular, así como la continuación del desmantelamiento del IMSS. Se observa, además, que las lecciones de la epidemia de influenza A/H1N1 no fueron asimiladas.
Ésta reveló dos problemas de fondo del sistema de salud mexicano. Por un lado, resultó evidente que el plan de vigilancia epidemiológico no cumplía con su objetivo; por otro, no se detectaba y atendía adecuadamente a los enfermos en el nivel básico, los centros de salud y las clínicas. ¿Cómo se reflejan en el presupuesto las medidas para revertir estos problemas, que son los mismos de cualquier epidemia y no sólo de la de influenza?
Los hechos
El primer hecho ominoso es la disminución del presupuesto para 2010 del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 23 por ciento o 276 millones de pesos, en términos reales. Podría pensarse que este monto habría sido trasladado a la subsecretaría de Promoción y Prevención, pero no es así, ya que ésa apenas cuenta con un incremento de 29 millones.
Otra posibilidad sería que se le hubiera otorgado a la empresa paraestatal Birmex –generadora de reactivos y biológicos–, para fortalecer la capacidad nacional de producción de vacunas, pero tampoco es el caso. Su presupuesto tiene una disminución de 144 millones respecto de 2009.
El análisis del segundo problema, es decir, la debilidad de los centros de salud y clínicas, y su expresión en el presupuesto no conduce a resultados muy diferentes. Así, el monto total de salud disminuye en 1.35 por ciento en términos reales. El gran perdedor es el IMSS, que pierde 5.3 por ciento, seguido por los sistemas estatales de Salud, con una disminución 0.6 por ciento. La Ssa (ramo 12) tiene un incremento de 0.3 por ciento. El ISSSTE es el gran ganador, con un aumento de 14 por ciento.
La distribución del presupuesto en cada una de estas instituciones revela que, con excepción del ISSSTE, hay un decremento en el rubro de salarios entre 3.1 y 12.8 por ciento. Esto significa la congelación de salarios y/o el despido de personal operativo en instituciones que ya tenían carencias en este rubro.
En todas las instituciones existe una disminución sustancial en inversión (infraestructura y equipo médico), aspecto que ha sido insuficiente durante los cinco lustros recientes. Su mengua global es de 39 por ciento. Esto significa que la supuesta palanca del crecimiento –construcción y empleo– es claramente recesiva en este sector. Los recursos para medicamentos, insumos médicos y mantenimiento de equipo e instalaciones también decrecieron globalmente en 6.3 por ciento, a pesar de que en el ISSTE hay un aumento de 19 por ciento. El recorte en estos rubros significa que los elementos necesarios para mejorar los servicios y ampliar la capacidad de atención oportuna sufren un recorte importante.
Las únicas partidas que crecen son las clasificadas como otros gastos corrientes
(173 por ciento o 14 mil 683 millones de pesos) y subsidios
(2.7 por ciento o mil 288 millones de pesos). La mayor parte de este incremento presupuestal se destina a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), con 9 mil 834.70 millones de pesos en el primer rubro y mil 267.6 en subsidios
.
Con este monto no se amplían los servicios ni la capacidad para operar la vigilancia epidemiológica. Una pieza clave en este aspecto es la detección en campo de nuevos casos y la realización de cercos epidemiológicos, a cargo del personal de los centros de salud. El incremento al rubro subsidios
se canalizará a los estados para atención de sus nuevos afiliados al Seguro Popular pero, por ley, no es aprovechable para vigilancia epidemiológica ni para atender a los no afiliados.
Los otros gastos corrientes
de la CNPSS están conformados por una bolsa poco transparente usada por el gobierno federal con alto grado de discrecionalidad.
El sistema público de salud requiere soluciones planificadas, transparentes y evaluables para garantizar la seguridad sanitaria y la atención oportuna de los mexicanos. Esta lección de la epidemia no se refleja en el presupuesto. Como se presentó, contribuye al prolongado deterioro de nuestras instituciones públicas. El discurso oficial sobre el avance hacia la cobertura universal es sólo eso, no hechos.
