Política
Ver día anteriorMartes 3 de noviembre de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

La mayoría de los recursos fueron canalizados por procedimiento especial sancionador

Aún pendientes de resolución, 48 quejas de los comicios de julio, según el IFE

Denigración y calumnia, y promoción de servidores públicos, principales causas de los reclamos

 
Periódico La Jornada
Martes 3 de noviembre de 2009, p. 14

Durante el proceso electoral pasado se presentaron ante las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral (IFE) 375 quejas que se canalizaron como procedimientos especiales sancionadores, de los cuales aún restan por resolver 48. Otras 188 quejas fueron canalizadas mediante procedimientos ordinarios, de las cuales en su mayoría –según la secretaría ejecutiva– se han resuelto.

En el informe sobre el estado que guardan las reclamaciones presentadas, principalmente por los partidos políticos, se destaca que entre los rezagos anteriores al proceso electoral 2008-2009, quedan por desahogar 36. Según el documento, en 2006 se promovieron 779 recursos, sin que se hayan resuelto todavía cuatro; en 2007, hubo 46, faltando por solucionar cinco, y de 2008 –previo al proceso– se interpusieron 277 recursos, y están pendientes 27 de resolver.

De acuerdo con el informe previo al proceso electoral se habían promovido en total mil 102 quejas, de las cuales se habían desahogado ya mil 58. Aunque no se precisa, entre la cantidad de quejas resueltas se encuentran las que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática pactaron desistirse, para evitarse multas millonarias, en un acuerdo previo de 2008.

En cuanto al reciente proceso electoral, el informe señala que de las 188 quejas canalizadas por los procedimientos ordinarios, 151 fueron promovidas por los partidos políticos, de los cuales 36 se enderezaron en contra de funcionarios públicos; 26 involucran a partidos adversarios y funcionarios a la vez; 20 contra partidos y candidatos, y 19 contra consejeros electorales, entre otros. El resto de las quejas se originaron así: 26 por denuncias ciudadanas y 11 de oficio.

Sin embargo, la mayor parte de los recursos legales fueron canalizados por el denominado proceso especial sancionador –que tiene un plazo perentorio de cinco días, a partir de que se integra el expediente–, y cuatro meses después de haber concluido la elección, aún quedan 48 pendientes de resolver en la secretaría ejecutiva del IFE.

De los 289 casos resueltos, en su mayoría –casi 60 por ciento– fueron desechados de plano por el organismo, en tanto que 132 han sido resueltos por el Consejo General del IFE. En la numeralia del informe rendido por la secretaría ejecutiva se da cuenta que solamente 51 fueron considerados como fundados o parcialmente fundados, lo que equivale a 8 por ciento.

Partidos, principales promotores

Al igual que en los procedimientos ordinarios, en los especiales la mayoría fueron interpuestos por los partidos políticos –232– en tanto que el IFE inició de oficio 42, de los cuales 30 involucraron a concesionarios de radio y televisión.

En torno a las causas por las que se interpusieron los recursos ante el IFE, se da cuenta de que 56 obedecieron a denuncias por denigración y calumnia; 56 estuvieron asociadas a una presunta promoción personalizada de servidores públicos, violando restricciones constitucionales; 51 por presunta contratación indebida de promocionales; 48 por propaganda electoral irregular; 42 por publicidad gubernamental en periodos de restricción, y 39 por actos anticipados de campaña, entre otros.

De manera paralela a los procedimientos especiales sancionadores iniciados en el sector central del IFE, las juntas distritales recibieron otras 664 quejas que debieron ser resueltas con el esquema del especial sancionatorio.

Mención aparte en el informe merecen las presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que prohíbe a los funcionarios públicos promocionar su imagen con recursos públicos. El instituto electroal recibió 129 quejas por presuntas violaciones a dicho artículo, que implicaban presunto desvío de recursos para alterar la contienda.