José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostuvo que conviene legislar en México sobre el cabildeo que diputados y senadores realizan con grupos diversos para la aprobación de las leyes, por ser una de las fuentes de corrupción y abuso de poder.

Vivanco destacó que negar que ese tipo de relaciones existen (entre legisladores y grupos de poder) es una ingenuidad, además de que tal situación coloca a los ciudadanos en una relación asimétrica con el poder, porque en la práctica terminan influyendo quienes tienen mayores prerrogativas.

En entrevista, el representante del organismo internacional de derechos humanos afirmó que es totalmente legítimo el derecho de la sociedad civil a hacer valer sus puntos de vista ante quienes deciden sobre el incremento de impuestos o en cualquier otra materia que afecta a la colectividad.

Los cabildeos no pueden ser tratados como cuestión secreta o privada, sino que, al igual que los intereses del sector privado, deben ser regulados y transparentados: que se sepa cuándo se reunieron (los legisladores con algún grupo), cuál fue el propósito de la reunión, quiénes se entrevistaron, qué peticiones se hicieron y los acuerdos a que se llegó.

La transparencia es parte del ejercicio de la democracia

El dirigente de HRW aseguró que dar a conocer el contenido de los encuentros que los legisladores sostienen con diversos grupos y sectores, más cuando se trata de grupos de poder, es parte del ejercicio de una sociedad democrática y abierta.

José Miguel VivancoFoto José Carlo González /Archivo

Respecto de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de fiscalizar y sancionar administrativamente a los funcionarios, dijo que cualquier gobierno tiene derecho a restructurar instituciones y unir carteras.

No le veo inconveniente, pero la pregunta para el titular del Ejecutivo es: ¿cómo va a fiscalizar sin que exista conflicto de intereses?, dijo en alusión a que las funciones que aún desempeña el titular de la SFP, Salvador Vega, se habrán de incorporar a la Presidencia de la República.

Vivanco destacó que cuando es difícil garantizar la independencia de un órgano fiscalizador, de algún modo se tiene que encontrar una solución.

Precisa: “Mi respuesta no es que permanezca el status quo, que se dejen las cosas como están. Si al hacer una evaluación del rendimiento de esa institución se pudo llegar a la conclusión de que gasta un gran presupuesto y cumple muy mal su función, eso no significa acabar con el principio de fiscalización. Éste subsiste; la pregunta es: ¿cómo hacer para que ese principio se cumpla y se proteja con el menor grado de recursos, pero con los suficientes para cumplir con su tarea?”

Concluyó que cuando se toma la decisión de eliminar una dependencia, es probablemente por la falta de apoyos ciudadanos y de la comprensión de lo vital que es esa instancia.