asan las semanas y el conflicto eléctrico está muy lejos de resolverse. El gobierno comienza a empantanarse en la guerra que declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En los próximos días la situación se le complicará aún más.

Los trabajadores han conseguido avances relevantes en cuatro frentes de lucha: a) un núcleo muy amplio de sindicalizados se mantiene activo, b) el servicio eléctrico funciona con muchas deficiencias, c) en la lucha legal el gobierno ha sufrido contratiempos importantes, y d) los trabajadores han logrado que se reconozca, en los hechos, a sus dirigentes.

En días pasados el sindicato presentó demandas de amparo colectivas e individuales. Cerca de 34 mil trabajadores firmaron la solicitud. Eso significa que las cifras que el gobierno ha divulgado en la opinión pública sobre el número de empleados que habían aceptado su liquidación está en entredicho. La presencia de los sindicalizados en actos públicos es masiva.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha logrado normalizar el servicio eléctrico que proporcionaba la Comisión de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Conforme el tiempo pasa, lejos de disminuir o de estabilizarse, el número de apagones y su duración crecen, afectando empresas y hogares. En los hechos son superiores a los que se presentaban antes de la desaparición de la compañía.

Los ingenieros, que son empleados de confianza contratados para hacer las reparaciones, no se dan abasto. Muchos laboran más de 12 horas al día. Pero la falta de pericia y el desconocimiento de la materia de trabajo hacen que tarden, en promedio, seis veces más que lo que llevaba a un trabajador del SME garantizar el restablecimiento del suministro.

Con poca imaginación y mucha mala leche, gobernadores y autoridades federales acusan a los ex empleados de sabotear el servicio. Por supuesto, es falso. Los apagones se deben a fallas que ocurren de manera natural por la falta de mantenimiento, la pésima condición de las instalaciones y la falta de personal capacitado. Las lluvias agravan el problema.

Durante años, los trabajadores sindicalizados mantuvieron el servicio, a pesar del deterioro y la antigüedad del equipo. Cuando el gobierno los echó a la calle la CFE no contaba con los recursos humanos suficientes para que el sistema eléctrico en la ciudad de México, Hidalgo, Morelos y parte del estado de México funcione adecuadamente.

Pachuca ha sufrido apagones de siete horas. Hay problemas de suministro en Tepejí del Río y Tula. En el Distrito Federal explotaron dos bóvedas. En Naucalpan se quemó un transformador. En Xalostoc, municipio de Ecatepec, la producción se ha interrumpido por periodos que van de 30 minutos a más de 10 horas.

En la zona oriente de la capital hay fallas permanentes. En Nezahualcóyotl, en las subestaciones de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Ecatepec y Chalco, entre otras, no hay personal suficiente para atender emergencias. Como dijo un trabajador eléctrico: se les está haciendo agua el sistema.

Mario Abredot, propietario de Química Foliar SA, en nombre de una comisión de 300 compañías, informó que los apagones registrados en la zona industrial de Naucalpan provocaron pérdidas de aproximadamente 100 millones de pesos al día a las más de 500 empresas, por lo que exigió al gobierno federal resolver el conflicto originado por la liquidación de LFC. Dijo también que lo único que quieren es energía eléctrica, un servicio confiable y de calidad. No les importa si es la CFE o LFC la que lo brinde.

El pasado 30 de octubre, una juez federal concedió al SME una suspensión provisional para efectos de que se detenga el procedimiento de extinción de LFC. Simultáneamente, tres demandas de controversia constitucional están en marcha. El argumento es que Felipe Calderón transgredió la facultad exclusiva del Poder Legislativo de regular la actividad del servicio eléctrico. Estas controversias serían interpuestas por el ayuntamiento de Tepango, Hidalgo; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dictó resolución o laudo sobre la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC. Al mismo tiempo, los electricistas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión especial revisora del caso, en un esquema similar al de la comisión que fue creada para investigar el incendio de la guardería ABC, en Sonora.

Uno de los primeros objetivos del gobierno fue descabezar al sindicato, negándole la toma de nota al secretario general y auspiciando una dirección espuria. No ha podido hacerlo.

Utilizando el reconocimiento legal de la mitad del comité central que cuenta con representación legal, la dirección sindical está en activo. Se reunió con el secretario de Gobernación, participó en la reunión de la JFCA y encabezó la demanda de amparo colectivo contra el decreto de extinción que fue concedida provisionalmente. El sindicato y el contrato colectivo de trabajo siguen vigentes.

Aunque es la hora de los poderes Legislativo y Judicial, la movilización sigue. Los trabajadores no han bajado la guardia. En sindicatos y organizaciones populares se discute la posibilidad de una huelga general. Las concentraciones y el brigadeo de los trabajadores no cesan. La solidaridad internacional crece. Los estudiantes universitarios apoyan a los obreros. Los electricistas están dispuestos a extender el terreno de la confrontación con el gobierno.