n México desde 1824 las zacatecanas habían exigido sus derechos políticos, pero tuvo que pasar siglo y medio para que se otorgara la ciudadanía a las mexicanas.

México fue de los últimos seis países de América Latina en reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue hasta 1953, después de que la ONU recomendó su reconocimiento durante la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, en diciembre de 1952 .

El 6 de octubre de 1953 la representación nacional aprobó por unanimidad la reforma al artículo 34 constitucional, que se publicó en el Diario Oficial el 17 del mismo mes y año. Finalmente se confirió la ciudadanía a las mujeres.

En 1954, en elecciones extraordinarias, se eligió la primera diputada, pero tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se eligiera a la primera gobernadora.

Los patrones culturales discriminatorios de las mujeres subsisten, se sigue limitando la participación política de las mujeres. Por ello, en 1996, se adicionó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos nacionales consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran de 70 por ciento de un mismo género.

En junio de 2002 se volvió a reformar el Código Federal Electoral, ahora para imponer sanciones a los partidos políticos que no cumplieran con la cuota de género.

La reforma para lograr la equidad de género en la contienda electoral no se aprobó por unanimidad, pues hubo siete votos en contra, lo que demuestra la resistencia que existe para superar actitudes machistas.

La ley electoral se volvió a reformar en 2008 con el objetivo de crear una cuota de género de al menos 40 por ciento de mujeres. Sin embargo, ahora los partidos registran a mujeres que se comprometen a renunciar después de ser electas.

Hoy en México la población femenina está subrepresentada en los tres poderes y niveles de gobierno. Sólo hay dos gobernadoras entre 31 entidades y un Distrito Federal. Han disminuido las mujeres en las secretarías de Estado y en las presidencias municipales; la situación es alarmante. En 2006, de 2 mil 435 municipios había 29 presidentas municipales: 1.3 por ciento. En 2007, la cifra disminuyó, pues de 2 mil 439 municipios sólo 19 eran gobernados por mujeres: 0.7 por ciento. En 2008, de los 50 mil cargos de síndicos y regidores, únicamente mil fueron ocupados por mujeres.

La 61 Legislatura hubiera estado integrada por 141 diputadas, esto es, 28.2 por ciento del total de la cámara. Sin embargo, con el caso de las ocho diputadas que solicitaron licencias indefinidas para entregar sus cargos a los suplentes, el número se redujo a 133 lugares, es decir, 26.6 por ciento. De tal forma que dicho porcentaje apenas supera a la legislatura anterior con 0.1 por ciento, ya que en ella había 132 diputadas, 26.5 por ciento. En cuanto a la 5 Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hay sólo 17 mujeres, esto es, 25.7 por ciento del total de 66 diputados que la integran.

Nuestro país se encuentra por debajo de la cuota de género parlamentaria de otros países. Por ejemplo, Argentina tiene 40 por ciento; Costa Rica, 36.8 por ciento y Perú 29.2. México es superado también por Ruanda, con 48.8 por ciento, Mozambique, con 34.5 por ciento, y Tanzania, 30.4. Ello ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del país.

El alto índice de violencia contra la mujer, los feminicidios y las reformas constitucionales que privan a las mujeres mexicanas de decidir sobre su cuerpo en 16 estados de la República –y en cinco más están en trámite reformas semejantes– nos muestra lo mucho que nos falta para alcanzar una sociedad igualitaria. El futuro de México será el futuro de sus mujeres.