Orillados por el creciente desempleo en el país, más de 127 mil mexicanos optaron por dedicarse a actividades del mercado informal para obtener algún ingreso. De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi una tercera parte de la fuerza laboral del país ya se ubica en el sector informal al llegar a más de 12.2 millones de personas, el segundo nivel más alto de los últimos cuatro años.

Sólo durante la primera mitad de este año se sumaron 127 mil personas a la informalidad, con lo que la ocupación en esas actividades representó 28.1 por ciento de la población económicamente activa del país.

Sin embargo, para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), durante el último lustro se sumaron al mercado informal un millón de personas (un promedio de 200 mil al año), con lo que en ese sector se generaría alrededor de 12.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

No obstante, el CEESP añade que si a la economía informal se agrega el trabajo doméstico remunerado, el porcentaje de habitantes con alguna actividad económica en ese sector económico se elevaría hasta 32.5 por ciento de la población económicamente activa.

En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el mercado informal tiene incidencia negativa sobre diversos aspectos de la economía, como el mercado laboral, pobreza, educación, salud, seguridad y finanzas públicas.

Abundó que buena parte del origen de la informalidad radica en lo costoso que resulta para empresas y personas ponerse en regla, debido a que el sistema tributario nacional tiene elevadas cargas fiscales, además es complejo y está lleno de trámites.

Desde los hogares a las calles

De acuerdo con la metodología establecida por el Inegi, el sector informal de la economía se entiende como todas las actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse en empresas con una situación independiente de esos hogares.

La metodología para captar la información aplicada por el Inegi bajo reglas internacionales está diseñada para identificar sin confundir los conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como para caracterizar la calidad de la ocupación en el país, según precisiones del organismo.

Algunos autores consideran que la economía informal es sólo una parte de la economía subterránea, la cual comprende tanto actividades ilegales como el tráfico de armas o la piratería, como legales como el servicio de trabajadores domésticos, pero no reportados a las autoridades.

Según la información que proporciona el Inegi y sobre la base de que el estado de México tiene el mayor número de población económicamente activa, con 5 millones 900 mil personas, también es la entidad que ocuparía el primer lugar nacional en informalidad, con un mercado compuesto por un millón 658 mil personas ocupadas en ese sector.

El segundo lugar en la informalidad lo tendría el Distrito Federal, cuya población económicamente activa es de 3.9 millones de trabajadores y donde, con la misma proporción de 28.1 por ciento, habría casi un millón 96 mil personas ocupadas en ese sector.

Atentado a las instituciones

Para el CEESP la informalidad no sólo se deriva del aspecto económico y de empleo, sino que es promovida incluso por acciones y programas gubernamentales. Se refiere concretamente a programas sociales como el Seguro Popular, el cual, afirma, permite a la población acceder a servicios de salud sin cotizar en el Seguro Social, y eso provoca un aumento en el número de personas que laboran en el sector informal pues disminuye la necesidad de pagar impuestos para contar con esos beneficios.

El CEESP señaló que de acuerdo con información del Inegi, para el periodo 1998-2003 (últimos reportes disponibles) la economía ilegal representaba en promedio 12.4 por ciento del PIB.

Si asumimos que este porcentaje se ha mantenido estable hasta ahora, cosa que podría no ser tan optimista si consideramos que el número de personas que integran la informalidad aumentó en poco más de un millón en los últimos cinco años, su participación en el PIB de 2008 sería prácticamente igual a la suma del producto de la agricultura, electricidad y construcción, señaló el órgano de estudios económicos.

El CEESP puntualizó que la ineficiencia en la asignación de los recursos públicos también ha limitado la posibilidad de reducir la informalidad. El bajo nivel educativo se refleja en una mala preparación de la población en edad de trabajar, impidiéndoles competir eficientemente por un puesto de trabajo en el mercado formal, donde regularmente se requiere personal con mayor preparación, dijo.

Destacó la necesidad de combatir el mercado informal, lo cual considera de suma importancia para contribuir a la salud de las finanzas públicas, y aseveró que ampliar la base de contribuyentes es un tema que debe dejar de ser visto con tintes políticos.