La asociación entre el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados no sólo incrementó en la ley de ingresos 2010 los beneficios fiscales a las grandes empresas, sino también aseguró que los nombres de las que no pagan impuestos se mantengan en secreto, al definirse que ni siquiera los legisladores podrán requerir las razones sociales a la Secretaría de Hacienda.

En contraste con el aumento a 16 por ciento en la tasa del IVA al consumo general, y de 28 a 30 por ciento en la del ISR, se exentó del pago de este gravamen a las desarrolladoras inmobiliarias, pero no a quienes compren una vivienda.

Si bien la Cámara de Diputados avaló no gravar con 3 por ciento de IEPS a Internet, la medida se aplicará sólo si ésta no forma parte de un paquete en el que los usuarios tengan además servicio de voz e imagen. Y si se incluye con el servicio de telefonía y televisión restringida, la exención del impuesto especial será de sólo 30 por ciento.

También, ante la presión de las tabacaleras, se redujo el IEPS a cigarros a dos pesos por cajetilla; inclusive, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) defendió la reducción del impuesto, con el argumento de que aplicarlo afectaría a los más pobres y no contribuiría a reducir el tabaquismo. Si siguiéramos esa lógica todos los vicios, todos los males del país los combatiríamos subiendo el precio de los productos, alegó.

Desde la medianoche del sábado, y hasta las 6:10 horas de este domingo, el debate más ácido se centró en el privilegio que se otorgará a las empresas que participen en la licitación por el uso de banda ancha en el espectro radioeléctrico para telefonía celular.

Al calor de la discusión, Javier Corral (PAN) exclamó: “Aquí vemos una combinación ilógica de actores e intereses políticos, que lo único que discuten es quién se constituye y se erige en factótum de la relación con la televisión”.

El también presidente de la Comisión de Gobernación objetó que no sólo el PRI, sino su partido, Acción Nacional, negociaron volver a incluir el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, para exentar a las empresas concesionarias de esa banda del pago por el uso del espectro. Corral Jurado sostuvo que los diputados se doblegaron ante el poder de la televisión, específicamente de Televisa, para favorecerla y que no pague 5 mil 800 millones de pesos por el aprovechamiento de un bien público.

Los poderes fácticos son especialistas en blandir la amenaza de que el que se mete a legislar, a regular o a tratar de oponerse a sus intereses no sale en la televisión. Y el que no sale ahí no existe en política. Y esa lógica de chantaje ha llevado a una dinámica de cesión extraordinaria en detrimento de la política, acusó.

Ante las críticas, el diputado Jorge Alberto Cano Vélez (PRI) terminó por reconocer que él es el autor del transitorio, y de inmediato Jaime Cárdenas (PT) dijo: Cano Vélez es el prestanombres de Manlio Fabio Beltrones, que es el impulsor de esta iniciativa, y el autor intelectual es Televisa.

Cano Vélez, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Sonora, le exigió respeto. Lo que usted dice aquí es ofensivo. Es tanto como si yo le dijera que cada que usa la tribuna todo se lo dicta (Andrés Manuel) López Obrador. Cárdenas aprovechó el lance y entre los gritos de “¡títere del peje!”, que le endilgaron desde el Bronx priísta, reviró que sus opiniones no se las dicta el ex candidato presidencial del PRD, pero si así fuera, para él sería un honor. ¡No soy ningún títere, no soy ningún títere! ¡Títeres, ustedes! ¡Títeres de los poderes fácticos!

Luego, Corral insistió en que la banda ancha constituye un negocio sin igual para los concesionarios. No por algo se ha dicho, en el mismo gobierno, que el que esté fuera de la banda de 1,700 megahercios estará fuera del mercado por los siguientes 20 años. Y por eso es algo tan apetecible, tanto en México como en el mundo, afirmó.

A pregunta de la diputada Enoé Uranga (PRD), aseguró que la figura de vacatio legis, incluida por el PRI para argumentar el no cobro del derecho, constituye “un abuso porque en realidad es un plazo de gracia a los más ricos de este país en materia de telecomunicaciones. Acá le han llamado eufemísticamente vacatio legis, porque no había manera alguna de enfrentar la realidad y decir que se trata de un plazo de gracia”.

Francisco Burelo (PRD) aseguró que la exención tendrá un impacto de 6 mil 800 millones de pesos anuales en los ingresos del gobierno federal. Esta medida sólo beneficiará a los grandes monopolios de la comunicación. Esto va con los atentos saludos de los partidos mencionados para Televisa. ¿Qué se transó a cambio de estos casi 7 mil millones?

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) denunció que la mayoría de PRI y PAN en el Senado acordó no gravar con ISR las operaciones de las grandes empresas inmobiliarias, cuando los diputados habían suprimido ese privilegio fiscal.

Si cuando el inmueble enajenado no es la casa habitación del contribuyente, y se trata del negocio de las desarrolladoras y financieras de vivienda (no se grava). La reforma que ustedes votaron eliminaba este privilegio. El Senado volvió a concederlo con el pretexto de que es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica. Si embargo, el negocio de las Sofoles creció de junio de 2008 a junio de 2009 en 3 mil millones de pesos, mientras que la cartera vencida aumentó en más de 50 por ciento. La mayoría ratificó la modificación del Senado con 392 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones.

La defensa para que ni siquiera el Congreso de la Unión conozca a las empresas que no pagan impuestos estuvo a cargo de Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), quien consideró un avance relevante la adición de un transitorio al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para mantener esa información en secreto.

Dicho artículo define que las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente, hasta que se establezcan las instancias de la propia cámara que garanticen la confidencialidad de los datos.

“Debemos garantizar a los contribuyentes la secrecía (sic) de sus datos de identificación y de localización, para su propia seguridad”, sostuvo. Los panistas alegaron el mismo principio.

Jaime Cárdenas reprochó que panistas y priístas defiendan el mismo punto de vista, lo cual resulta sospechoso. El petista afirmó que detrás de ese transitorio está proteger a las grandes empresas, y preguntó: ¿Quién gobierna a México? ¿Acaso los ciudadanos? No, es gobernado por los poderes fácticos, por las 422 empresas que no pagan impuestos y que no desean informarle a la Cámara. Emilio Serrano (PRD) punzó: ¿Por qué ocultan más la verdad? ¿Por qué protegerlos más? ¿Son acaso socios y parte del negocio jugoso?

Su compañero de bancada Armando Ríos Piter definió que con el aumento de los impuestos a la sociedad y las facilidades a los empresarios, la Cámara se convirtió en un poder cada vez más débil.

Como corolario, el PRI defendió que no le aprobó a Felipe Calderón su propuesta de gravar todo el consumo con 2 por ciento y que, si avaló el aumento al IVA, fue para no poner en riesgo las tareas básicas del Estado.