El sector privado del país adeuda al gobierno federal casi 453 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales, derivados particularmente de la actividad de grandes corporativos empresariales.

En momentos en que el gobierno federal busca encontrar fuentes de ingresos que cubran el boquete fiscal de 300 mil millones de pesos calculado para 2010, los créditos fiscales representan 1.5 veces los adeudos que personas morales y físicas tienen con el fisco.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda, un número no determinado de créditos fiscales se encuentra clasificado como controvertido, pero su monto se eleva a 258 mil 700.9 millones de pesos, lo que representa 45 por ciento del total.

Casi una cuarta parte de esos créditos fiscales, que suman más de 110 mil 127 millones, están declarados como de baja probabilidad de cobro. De éstos, casi 60 mil 705 millones de pesos están clasificados, de plano, como insolventes.

Paralelamente los contribuyentes ganaron en tribunales litigios en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que les permitieron evitar el pago de 31 mil 223.6 millones de pesos.

En su último reporte sobre las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaría de Hacienda hizo notar que el número de contribuyentes con algún tipo de crédito fiscal creció 6.67 por ciento durante el tercer trimestre del año respecto del mismo periodo anterior de este mismo año. Esto significa que el número de casos con algún tipo de crédito fiscal aumentó 98 mil 626 trimestre a trimestre. No obstante, el monto de ese mecanismo disminuyó en el mismo lapso en 15 mil 953.9 millones de pesos.

Según la versión oficial, las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan con el propósito, por una parte, de identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y por otra, crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento, mediante el fortalecimiento de la presencia fiscal.

Hacienda expuso que de enero a septiembre de este año se alcanzaron indicadores de recaudación satisfactorios. En los tres meses del reporte se realizaron, según la dependencia, 67 mil 640 actos de fiscalización y se obtuvieron ingresos procedentes de la aplicación de multas fiscales por 3 mil 282.5 millones de pesos.

Por ejemplo, menciona que se logró una rentabilidad de fiscalización de 37.7 pesos recuperados por cada peso invertido en actos de verificación fiscal, lo que representó un retroceso de 3.3 por ciento respecto del trimestre inmediato anterior, cuando la rentabilidad era de 39. Otro indicador señalado por la dependencia federal es la efectividad de la fiscalización, en la cual, de cada 10 casos, poco más de nueve resultaron con observaciones determinadas por los auditores.

Vivir en tribunales

Pero los contribuyentes cada vez menos se cruzan de brazos frente a las observaciones de los auditores fiscales, y cada vez más recurren a tribunales para evitar tanto la aplicación de multas como el pago de impuestos. Los registros de Hacienda dan cuenta de que los juicios contra el SAT aumentaron 44 por ciento de un trimestre a otro, al pasar de 17 mil 873 juicios entre abril y junio de este año a 25 mil 705, esto es, 7 mil 832 litigios más.

Pero no sólo eso: la efectividad de los abogados de la Secretaría de Hacienda no se demuestra, pues de esos juicios han perdido en primera instancia 10 mil 404, es decir, 40.5 por ciento del total. En la segunda instancia la situación no muestra mejoría, pues obtuvieron resultados negativos en 4 mil 279 casos.

Peor aún, el número de casos perdidos en primera instancia creció en 3 mil 206 entre el segundo y el tercer trimestres del año, esto es, un aumento de 44.5 por ciento. En la segunda instancia el crecimiento de los reveses a la autoridad fiscal fue de 40 por ciento, es decir, mil 219 casos perdidos más.