La Carta Magna no otorga facultades al Presidente de la República para extinguir una empresa pública; por tanto, es procedente la controversia constitucional contra el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), afirmaron abogados y expertos constitucionalistas en el foro México y el mundo actual, organizado por La Jornada y Casa Lamm.

En el foro se analizaron el viernes pasado los acontecimientos ocurridos a partir del 10 de octubre, cuando el gobierno ordenó ocupar con la fuerza pública las instalaciones del organismo e iniciar el proceso de extinción.

Con base en la fracción décima del artículo 73 de la Constitución, el abogado Óscar Alzaga dijo que el único poder con facultades para extinguir un organismo público es el Legislativo.

Así, Felipe Calderón está invadiendo esferas que no corresponden al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo. Porque si tuviera esa facultad, podría extinguir Pemex o la UNAM. Por eso es ilegal el decreto de extinción y procede la controversia constitucional.

Agregó que en el decreto sobre la liquidación de LFC se argumenta que la compañía estaba mal administrada, de lo cual no se puede responsabilizar a los trabajadores, sino al gobierno.

Esta situación se puede revertir, añadió, e instó a los electricistas y a la sociedad en general a cerrar filas contra ese decreto para restablecer la compañía y la verdad, pues de lo contrario quedará quebrantada la legalidad.

Arnaldo Córdova coincidió en que el decreto presidencial viola varios artículos de la Carta Magna y que la controversia constitucional es viable; no obstante, recomendó que este recurso jurídico se plantee con claridad para poder ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que los artículos 27 y 28 de la Carta Magna establecen que los recursos naturales y energéticos son riquezas destinadas al beneficio de la sociedad, y transferir LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene implicaciones privatizadoras.

Antonio Gershenson, experto en el sector energético y colaborador de este diario, también aseguró que el traspaso de LFC a la CFE supone una privatización del recurso, ya que esta compañía compra la energía a empresas extranjeras, la mayoría españolas.

Eso supone, recalcó, no sólo la privatización de la energía eléctrica, sino riesgos para los trabajadores, ya que en las empresas privadas el personal labora sin ninguna protección.

José Antonio Almazán, ex miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, aseguró que el documento reservado por 12 años que Felipe Calderón entregó a la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre, donde exponía los motivos del decreto de extinción, nada tiene de confidencial.

Aseguró que dicho documento no contiene información que tenga que ver con la defensa o la seguridad nacional y, por tanto, bajo el carácter de confidencialidad el Ejecutivo oculta al pueblo la sarta de mentiras que hay tras la extinción de LFC.