Más de cinco años después y en vísperas de que los recursos prescribieran, en medio de descalificaciones de PAN y PRI por la inexplicable tardanza, el Consejo General del Instituto Federal Electoral eximió al PRD de toda responsabilidad en las transacciones irregulares del empresario Carlos Ahumada con ex militantes perredistas, debido a que, aunque se corroboraron todas las operaciones, no se tuvieron elementos probatorios de que el dinero aportado ingresara a las arcas del partido del sol azteca.

De esta manera, el video que muestra a Ahumada entregando dinero al entonces connotado perredista René Bejarano quedará sin sanción en el ámbito electoral. Con la sola oposición de los consejeros Marco Antonio Baños y Marco Antonio Gómez Alcántar, quienes demandaron que se castigara al partido con el precepto de culpa in vigilando, el resto de los consejeros ratificó que no hubo suficientes elementos para acreditar que hubo faltas del PRD.

Aunque en su momento Bejarano y Carlos Imaz –otro militante perredista– reconocieron haber recibido el dinero y que éste se usó para el financiamiento de campañas y de contiendas internas, el IFE no acreditó que efectivamente se hubiera registrado un financiamiento ilegal al PRD.

“Si no sancionamos este tipo de conductas, que fueron atestiguadas por millones de mexicanos, habremos de contribuir al descrédito del régimen de partidos. (…) El IFE tendrá que decir a los ciudadanos –reprochó Gómez Alcántar– que aquí no pasó nada, y esa será la contribución al fortalecimiento del régimen de partidos y el precedente para 2012”.

¿Cómo explicar que teniendo el muerto y el arma no pasó nada?

Poco antes, el panista Agustín Castilla había arremetido contra el dictamen que exonera al perredismo: ¿Cómo explicar a la ciudadanía que teniendo el muerto, el arma y al homicida confeso, no pasó nada?. Consideró irresponsables los términos del dictamen, pues se afirma que simplemente no existió la trasferencia de recursos al PRD, cuando al menos –dijo– debería haberse señalado que no se pudieron obtener elementos que lo acreditaran.

Castilla ironizó también con los tiempos de resolución, pues cómo se puede explicar a la sociedad que pasaron cinco años para procesar las quejas, periodo en el que Bejarano ya fue desaforado, estuvo en el reclusorio, salió libre y fundó un movimiento político, y qué decir de Ahumada, y nosotros apenas estamos resolviendo.

En defensa del PRD salió su representante, Rafael Hernández, para quien la expulsión de Bejarano y de la ex dirigente nacional Rosario Robles fue la reacción inmediata, aun antes de que se presentara queja alguna contra el PRD, sobre los vergonzosos hechos que se difundieron por video. Lo que muestra la investigación es que no hubo financiamiento ilícito al PRD, que fue ajeno a esos tejes y manejes, a esas maletas repletas de dinero, a esas ligas.

Para la priísta Mariana Benítez, es preocupante que casos tan evidentes, donde existen elementos suficientes para llegar a la conclusión de la responsabilidad que tuvo el PRD, la autoridad lo deje pasar así, sin mayor consecuencia y razonamiento. Esto no habla bien de la vida democrática e institucional del país.

Quizá la única coincidencia entre los integrantes del Consejo General fue la condena a los cinco años de tardanza para la investigación, la cual se concluyó en vísperas de que prescribiera la queja del PRI –el próximo 3 de noviembre. El recurso del PAN y la indagatoria que empezó de oficio la entonces Comisión de Fiscalización, ya prescribieron.

El consejero Leonardo Valdés encabezó la defensa del dictamen; aunque censuró la dilación con que se realizaron las investigaciones, enfatizó en que debe quedar claro que las conclusiones del IFE se refieren a que no hay elementos objetivos y suficientes para concluir que esos recursos formaron parte de las finanzas del PRD. Nada más, no podemos concluir nada más, y se debe dejar en claro que al no corroborarse la irregularidad, no es aplicable la “culpa in vigilando”.

Ante los reproches de Gómez Alcántar sobre las sanciones aplicadas en su momento por los casos Amigos de Fox y el Pemexgate, el consejero Arturo Sánchez dijo que a diferencia de esos asuntos, donde se corroboraron las conductas ilegales, en la denuncia por los videoescándalos no se acreditó que el dinero ingresara al PRD. Por eso –agregó– no es aplicable la sanción al perredismo.

En su oportunidad, el consejero Benito Nacif señaló que independientemente del contexto del caso, lo que la autoridad debería haber corroborado es precisamente la transferencia de fondos ilegales al partido del sol azteca, y de eso no hay constancia ni elementos suficientes para acreditarlo. Por tanto, el IFE no puede sancionar, consideró Nacif, lo cual al final del debate fue la postura prevaleciente.