El grupo de legisladores encargado de analizar la viabilidad de la acción jurídica contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro determinó que la acción más viable es interponer una controversia constitucional.

Sin embargo, ante la oposición del PAN, los diputados de PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia que integran dicho grupo anunciaron que la elaboración de la controversia se someterá a votación del pleno la próxima semana.

Este viernes, los legisladores determinaron no asumir una decisión concreta, sino esperar a que el próximo martes la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara presente una opinión, que permita al grupo de trabajo tomar una decisión definitiva el miércoles.

Durante su tercera reunión de trabajo, analizó los argumentos en favor y en contra de la presentación del recurso jurídico, a partir de la probable violación constitucional del Ejecutivo federal al decretar la extinción de la empresa sin considerar la opinión del Congreso.

Transgresión de la ley

El argumento que sustentaría la controversia se basa en que el presidente Felipe Calderón transgredió el artículo 73, fracción X, la cual establece como facultad exclusiva del Poder Legislativo la regulación de la actividad del servicio eléctrico.

También se argumentó que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de disponer sobre la extinción de empresas de carácter público, a partir de las disposiciones de los artículos 25, 26 , 27 y 28 de la Carta Magna que regulan y determinan las áreas estratégicas del Estado y que éstas se regulan por atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.

En contraste, el PAN defendió que la decisión de Calderón no violó el artículo 73 constitucional, al considerar que no se afectó la actividad eléctrica, la cual –señaló– sigue bajo el ejercicio exclusivo del Estado, sino sólo un organismo descentralizado.

Alfonso Navarrete Prida, coordinador del grupo, refirió que si persiste el diferendo, se presentarán dos posturas ante la Junta de Coordinación Política, para que los coordinadores determinen qué propuesta se llevará al pleno, donde se votará.

Juan Alberto Galván, director jurídico de la Cámara, confirmó que el plazo legal para interponer el recurso vence el 24 de noviembre, cuando terminan los 30 días hábiles definidos en la Constitución para iniciar una controversia.