a Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el órgano legislativo de esta entidad, denominada también ciudad de México, aprobó hace poco una ley para reorganizar la Procuraduría General de Justicia.
Nada más natural que el órgano del Poder Legislativo de esta capital legisle en una materia local, como es el caso de la procuración de justicia y se ocupe de la organización de la dependencia pública encargada, por mandato constitucional, de la función correspondiente; cada una de las leyes orgánicas de las procuradurías de los 31 estados que integran la Federación fue producto del trabajo de los poderes legislativos locales, sin injerencia directa alguna de las autoridades federales. Esto lamentablemente no sucede todavía en la entidad que es la capital de la República.
Aquí, en la ciudad más grande y politizada del país (y quizá del mundo) la facultad de su asamblea legislativa se encuentra en tela de juicio, acotada por disposiciones constitucionales que hace tiempo se deberían de haber modificado, pero cuyo cambio, aprobado en su momento por unanimidad, primero en la Asamblea del Distrito Federal, después en la Cámara de Diputados, fue frenado brusca e irracionalmente por una Cámara de Senadores timorata, temerosa precisamente de la libertad de criterio y del interés de los habitantes de esta urbe, por cierto nada sumisos y muy dados a ser partícipes y no solo testigos del acontecer político de su ciudad.
La cuestión, desde el formalismo jurídico, es discutible y la senadora María de los Ángeles Moreno, interpuso contra la ley aprobada por la Asamblea una controversia constitucional que se ventilará ante la Suprema Corte, recurso con el que se impide de momento reorganizar y modernizar al Ministerio Público local, aduciendo que tal facultad corresponde al Congreso federal, por que la Asamblea sólo cuenta con las facultades legislativas en las materias que expresamente le confiere la Constitución, al contrario de lo que sucede en las demás entidades, que tienen amplitud de competencia en todo aquello que no esté reservado a la Federación.
Si la Suprema Corte resuelve, como es de temer, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para legislar en materia de procuración de justicia, estaremos nuevamente ante el absurdo de que serán los diputados y senadores de todo el país quienes discutan y aprueben una pieza clave de la legislación local.
Para los congresistas de Colima o Tamaulipas, de Baja California o de Quintana Roo, o de cualquier otro estado de la federación mexicana, poco o ningún interés tendrán, y quizá también poca información tengan, sobre nuestras necesidades en esta materia.
Por la cerrazón del Senado que no aprobó en su momento y que tiene desde hace años congelada la minuta de reforma constitucional relativa a la capital del país, los ciudadanos del Distrito Federal seguiremos dependiendo del poco o mucho interés que otros legisladores lejanos a nuestra problemática, tengan en resolver con leyes oportunas, bien pensadas y adecuadas a una gran ciudad como es ésta, la necesidad de una nueva legislación en la materia.
Parece que otra vez, por cuestiones políticas, por mezquindad, por temor al conglomerado poblacional más informado y activo del país, se frenará un cambio de ley, si la Corte no encuentra una solución jurídica que supla la laguna que hay en la materia y si no actúa con amplitud de criterio. Seguirá en veremos la modernización del marco jurídico de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, seguiremos siendo los capitalinos, ciudadanos de segunda por lo que a la ley respecta, aunque de primera en cuanto a nuestro interés y participación.
