l 7 de octubre pasado, tras tres años de proceso judicial, fueron absueltos los tres acusados por el “caso Cap Anamur”. Los tres ciudadanos alemanes, uno el comandante del barco Cap Anamur, otro su primer oficial y el tercero un activista de los derechos humanos, en 2004 fueron acusados de ayudar la entrada de clandestinos a territorio italiano, después de que en junio de 2004 rescataran a 37 ciudadanos migrantes cuyo precario barco con el cual trataban de cruzar a Europa desde África se estaba hundiendo. El caso se hizo famoso y fue a su vez causa de fricciones diplomáticas entre los gobiernos de Italia, Alemania y Malta. En efecto, tras el rescate de los 37 náufragos, el barco alemán tuvo que esperar tres semanas antes de que el gobierno italiano le permitiera atracar en el primer puerto seguro, es decir lo que en la jerga náutica y humanitaria se llama “place of safety”.

En esos días de verano incipiente, la polémica explotó inmediatamente tras la decisión unilateral tomada por el entonces gobierno italiano –uff, en ese entonces también comandaba Berlusconi– de rehusarse a recibir al barco y con ello los indeseados huéspedes, los migrantes sin papeles. Duró tres semanas el tira y afloja entre los gobiernos de Italia, país más cercano geográficamente para recibir al barco y otorgar la primera ayuda, el de Alemania, cuya bandera ondeaba en la popa del barco, y el de Malta, también geográficamente cercano al lugar del rescate. Cada gobierno trataba de rechazar al barco alegando que los migrantes rescatados no tenían los papeles para su legal estancia. Cada gobierno mal lograba quedar bien frente a una opinión pública cada día más sorprendida por esa absoluta falta de responsabilidad humanitaria. Y finalmente, tras tres semanas de debates y polémicas, durante las cuales los movimientos sociales no dejaron de protestar y en los cuales la tripulación del Cap Anamur resistió no sólo a la presión de los gobiernos mencionados sino también la grave crisis humanitaria que se gestaba en el barco, el gobierno italiano tuvo que dar autorización para el desembarque de los 37 indocumentados en un puerto de la isla italiana de Sicilia.

Así las cosas, los tres ciudadanos alemanes fueron inmediatamente acusados de tráfico ilegal de personas. Y los 37 migrantes, excepto dos, fueron repatriados. El caso, similar al de siete pescadores tunecinos acusados por haber rescatados a otros migrantes en 2007 –los que serán sentenciados en los próximos meses–, desató inmediatamente una intensa campaña gubernamental en seno de la Unión Europea en contra de quienes salvan a los migrantes en el mar Mediterráneo. Desde ese entonces, capitanes de barcos, pescadores o simples turistas que naveguen en esas aguas lo piensan dos veces antes de ayudar a algún náufrago. Si es de piel negra, quizás ni lo piensan: ahí lo dejan. Es el caso clamoroso ya narrado en este espacio (La Jornada, 30 de agosto de 2009) del barco dejado a la deriva durante 20 días, tras los cuales perdieron la vida al menos 73 seres humanos. Pero sin duda han de ser muchos más los casos.

Sin embargo alguna luz, de vez en cuando, se ve en el horizonte de ese mar. Una luz de esperanza y de posible rescate. Eso significa la sentencia absolutoria de los tres alemanes. Esa sentencia deja un mensaje claro: rescatar a los náufragos es legítimo, es más, es legal. No importa su procedencia, un náufrago tiene que ser rescatado. Claro, queda la sensación de estar diciendo algo obvio, natural, que no valdría la pena repetir. Y sin embargo, a la luz de la actual política migratoria europea –e italiana en particular– que se concentra en los rechazos colectivo en alta mar, violando todo tipo de normatividad internacional, la sentencia llega como lluvia fresca en el desierto. La criminalización de la ayuda humanitaria, aunque con esta sentencia no terminará, encuentra un obstáculo. La ayuda humanitaria tiene en la sentencia a un aliado, un apoyo, para que recobre valor la ayuda justa y debida entre seres humanos, sobre todo en el caso de que una parte de esta reprimida humanidad se encuentre en dificultad.

La sentencia habla claro al respecto. La negación por parte de las autoridades italianas –sólo ellas fueron señaladas, pues el proceso se llevó a cabo en Italia– respondió a decisiones políticas, afirma el tribunal. Las mismas que no otorgaron siquiera la posibilidad de pedir refugio a los 37. Los tribunales son lentos al respecto, las autoridades policiacas mucho más rápidas en expulsar a las personas, aunque después de cinco años, un juez diga que no estuvo bien. Y así, es necesario recordar al ciudadano migrante parte de los 37 que, si no hubiera sido injustamente deportado, no hubiera vuelto a intentar en 2006 el viaje de la esperanza, con otro barco, y no hubiera encontrado, esta vez sí, la muerte en las aguas del Mediterráneo.

Ahora, es evidente que la sentencia no permite bajar la guardia acerca de las violaciones constantes promovidas por las autoridades europeas en el tema de los rechazos tanto en alta mar como en los Centros de Identificación y Expulsión (CIE). Y sin duda las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tema tan delicado no quitarán el dedo del renglón de esta absurda situación. Todo lo anterior, para develar, una vez más, las graves responsabilidades humanas, políticas e institucionales en la gestión del control de las fronteras europeas.