El grupo plural encargado de revisar la viabilidad de iniciar una acción jurídica por el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) determinará este viernes si procede la controversia constitucional contra la determinación del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los legisladores, encabezados por el priísta Alfonso Navarrete Prida, concluyeron antier que no procederá la acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual hoy debatirán si es viable que el órgano legislativo presente una controversia constitucional.

Navarrete Prida dio a conocer que el grupo de trabajo ya recibió los comentarios de los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acerca de la liquidación, y falta discutir la naturaleza jurídica de la determinación del Ejecutivo.

Ésta será la penúltima reunión que tendrá esta comisión. La última será para ponernos de acuerdo en qué información se llevará al pleno, por conducto de la Junta de Coordinación Política. La de hoy será una discusión sería, de fondo, técnica, sin prejuzgar, en la cual lo que valga sean los argumentos jurídicos en este caso.

Al preguntarle cuál sería la ruta legal en caso de aceptarse la viabilidad de la controversia constitucional, Navarrete Prida respondió: Los únicos legitimados para poderla presentar serán el presidente de la Junta de Coordinación Política, por conducto de la dirección deneral jurídica. Ellos tendrían que elaborarla una vez que los argumentos estén presentados y se apruebe por el pleno.

Martín Esparza, líder del SME, y el diputado Francisco Hernández Juárez, tras concluir la reunión del grupo de trabajoFoto Carlos Ramos Mamahua

–¿El sindicato, a través de un despacho de abogados, ya presentó un proyecto de controversia? –se le preguntó.

–Son los derechos de terceros que tienen ellos en materia de amparo, que siempre han estado a salvo. Habría una instancia de control constitucional como es la controversia, que corresponde a la Cámara de Diputados, que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores que podrían haber sido violados y que serían materia de un amparo.

Ayer el grupo plural recibió a una comisión de representantes del SME para escuchar los argumentos de esa organización acerca del decreto de extinción.

A esto se sumó la información proporcionada por el Ejecutivo federal, organizaciones sociales y los análisis elaborados por la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados.

Por separado, legisladores priístas sostuvieron un encuentro privado con Martín Esparza y un grupo de líderes de SME.

El representante de ese partido, Héctor Pablo Ramírez, refirió que con la documentación enviada por el Ejecutivo federal y la que aportaron los integrantes del grupo plural se podrá normar el criterio para entregar, a más tardar el 5 de noviembre, los resultados del análisis a la Junta de Coordinación Política.