El gobierno de Venezuela expresó su disposición a reiniciar negociaciones para llegar a un acuerdo con Cemex sobre el precio de activos, tras la expropiación decretada el año pasado por el gobierno del presidente Hugo Chávez. En tanto, la corte del Banco Mundial suspendió el proceso de demanda que inició la cementera mexicana en contra del gobierno venezolano por la expropiación de sus plantas en el país sudamericano.

El ministro de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, Diosdado Cabello, aclaró que Caracas se encuentra en espera de que la empresa mexicana retome el diálogo. Las negociaciones las rompieron ellos (los representantes de Cemex), cuando vengan estaremos esperando, dijo y reiteró que el trato será bajo lineamientos socialistas y no colonialistas.

Cemex decidió comenzar un proceso de arbitraje ante la instancia correspondiente del Banco Mundial (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones, CIADI), por su inconformidad tras la expropiación y por la cantidad que Caracas ofrece como indemnización, que asciende a 650 millones de dólares, cuando Cemex pedía mil 200 millones de dólares.

Sin embargo, el pasado miércoles el vicepresidente ejecutivo de Finanzas, Héctor Medina, dijo que la cementera está dispuesta a negociar fuera de los tribunales de arbitraje el pago por sus activos en Venezuela.

Al respecto, Diosdado Cabello dijo que esas declaraciones muestran un cambio de actitud de la empresa, que podría deberse a que deben tener algún dato que no les favorece, porque en este mundo nadie da una puntada sin dedal. Consideró que Cemex estuvo mal aconsejada cuando decidió acudir al arbitraje internacional y agregó que su país no va a negociar en condiciones de la colonia, sino de un gobierno soberano independiente, que toma decisiones en función de mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos.

En julio de 2008 el presidente de Venezuela Hugo Chávez decretó la nacionalización de los activos de Cemex, la mayor productora de cemento en ese país, por considerar que se trata de un sector estratégico para la economía del país. En respuesta, en diciembre del año pasado la empresa mexicana presentó una demanda de arbitraje ante la corte del Banco Mundial, y reclamó el pago de mil 200 millones de dólares de compensación por sus activos.

Otras firmas afectadas por el decreto de nacionalización fueron la francesa Lafarge, con la que ya se alcanzó un acuerdo definitivo, y la suiza Holcim, todavía pendiente de solución.

Antes de la nacionalización Cemex producía 52 por ciento de la producción en Venezuela, empleaba a más de 3 mil personas y sus ventas en ese país representaban alrededor de 3 por ciento de sus ventas globales, según datos de la empresa.

Esta semana el CIADI dio a conocer la suspensión sobre el proceso de arbitraje solicitado por la empresa mexicana. No se informó si la decisión es definitiva, sólo se argumentó que el equipo del presidente Chávez descalificó a uno de los árbitros.

Tras la solicitud presentada por Cemex desde 2008, en julio de este año se formó el panel, presidido por el francés Gilbert Guillaume y como árbitros están el egipcio Georges Abi-Saab y el estadunidense Robert von Mehren.

Algunos expertos señalan que con base en el artículo 37 del convenio del CIADI, cada uno de los árbitros es designado por las partes y el tercero puede ser designado por el CIADI en caso de que no alcance un acuerdo entre las partes.

No es la primera vez que Cemex solicita arbitraje internacional. En 2003 emprendió un proceso contra el gobierno de Indonesia, por negarse a vender unas acciones, con lo cual obtendría el control de la gubernamental cementera PT Semen Gresik. En ese entonces la firma pidió una compensación por pérdidas y daños ante centro de controversias del Banco Mundial, proceso que después fue retirado por Cemex.