El Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado por defensores de los derechos humanos, juristas, historiadores, comunicadores –como Miguel Concha Malo, Miguel Ángel Granados Chapa y Óscar Alzaga–, acusó al gobierno mexicano de afectar los derechos internacionales con plena vigencia en el país como lo son al trabajo, al empleo estable, la previsión de despidos arbitrarios y sin causa, a la seguridad social, entre otros, con el decreto de extinción a Luz y Fuerza del Centro.

Al término de una sesión de dos días del organismo ciudadano, Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sumó a la lista daño moral, como consecuencia de la campaña de linchamiento mediático de que, dijo, son objeto.

Citó la respuesta recibida por compañeros suyos en busca de trabajo en cualquier lugar: “cuando les preguntan cuál fue su último empleo les dicen que está muy fresquecito este asunto y ‘en este momento para ustedes no hay trabajo’”. Destacó los calificativos puestos en la mayoría de los medios de comunicación para los electricistas: ineficientes, improductivos, ladrones, como que tenemos contacto con las FARC, con Hugo Chávez, una larga lista...

Amezcua también insistió sobre el riesgo de un colapso de energía eléctrica en el control central que operaba Luz y Fuerza del Centro. Van a provocar uno en la ciudad de México y espero que no contamine los otros sistemas, porque están interconectados, señaló.

En su declaración, el tribunal expresa: Nos encontramos sorprendidos y escandalizados por la gravedad de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están ocurriendo en México. Hay violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a la Constitución mexicana.