Con manifestaciones de confianza acerca de la legalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el secretario del Trabajo, Javier Lozano, afirmó que no todos los trabajadores que hayan cobrado su liquidación antes del 14 de noviembre serán contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Manifestó que ya se realiza un análisis del perfil de los puestos que serán necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica en el área que cubría LFC, y en los próximos días se empezará a llamar a las personas que se requieran.

Entrevistado cuando salió de la residencia oficial de Los Pinos, Lozano planteó que tras su fallida comparecencia en la Cámara de Diputados el jueves pasado, “regresaré cuantas veces me convoquen formalmente… yo creo en el intercambio de información, la rendición de cuentas y la colaboración entre poderes, pero siempre en un marco de respeto entre instituciones y de trato digno a las personas”.

Comentó que en el gobierno federal se tenía previsto que la determinación de liquidar LFC generaría reacciones, costos que pagar y consecuencias de todo tipo: económicas, políticas, sociales, jurídicas y hasta personales.

Afirmó que los costos son muy altos, pero los beneficios muchísimo mayores, y dijo confiar en que las manifestaciones de inconformidad de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se desarrollen en el marco de la ley.

Lozano comentó que hasta este jueves, más de 35 por ciento de ex trabajadores había acudido a solicitar su indemnización voluntaria y la compensación adicional. Aclaró que la liquidación no significa que el trabajador tenga asegurado un lugar para trabajar en la CFE.

En relación con quienes mantienen su rechazo a la indemnización, sostuvo que después de la audiencia que desahogará la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo viernes, para decidir sobre la terminación de las relaciones laborales, los trabajadores contarán con dos años para reclamar su pago por el tiempo que hayan laborado y ya no incluye la compensación especial.

Reiteró su convicción y la del gobierno federal de que la extinción de LFC es legal y conveniente para la economía nacional y el interés público.

No habrá marcha atrás, aseveró, más bien queremos ver hacia adelante a fin de que los ciudadanos tengan el servicio de energía eléctrica que merecen en la zona centro del país y que los recursos fiscales se vayan a donde más se necesitan, no para estar sosteniendo ineficacias e insuficiencias, y tampoco abusos, corrupción o privilegios.