Bogotá firmará con Washington el acuerdo sobre las bases militares este viernes
en labores de espionaje
Miércoles 28 de octubre de 2009, p. 23
Caracas, 27 de octubre. Venezuela anunció este martes que capturó a efectivos de seguridad colombianos en labores de espionaje y con planes de desestabilizar al gobierno del presidente Hugo Chávez, y exigió a Bogotá el cese de ese tipo de actividades inamistosas
, en un hecho que eleva las tensiones en medio de las deterioradas relaciones entre los dos países.
La cancillería venezolana protestó la víspera por la reiterada presencia
de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la policía política colombiana) en territorio venezolano que, según dijo, espiaban e intentaban sobornar, en lo que constituye la segunda nota de protesta de Caracas en menos de 48 horas contra el vecino país, al ratificar hoy su solicitud de cese de tales prácticas.
El vicecanciller venezolano para América Latina y el Caribe, Francisco Arias Cárdenas, insistió en la denuncia sobre espionaje, sin precisar detalles. Sostuvo que las autoridades venezolanas han hecho detenciones y allanamientos y que en las próximas horas serán presentadas pruebas que sustentan la protesta de su gobierno.
Colombia se abstuvo de responder a las acusaciones de espionaje en Venezuela, y dijo que no caerá en provocaciones
que distraigan la atención sobre el asesinato de ocho de sus ciudadanos en ese país el fin de semana, de acuerdo con declaraciones de la embajadora colombiana en Venezuela, María Luisa Chiape.
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, declaró que los ocho colombianos asesinados en la frontera colombo-venezolana podrían ser paramilitares, y no descartó además que pudiera tratarse de un grupo de infiltrados del gobierno de Colombia. Dijo que pobladores de la zona aseguran que frecuentemente aparecían involucrados en hechos de violencia.
En este contexto, el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, anunció que su gobierno firmará al final de esta semana
, posiblemente este viernes, el controvertido pacto de seguridad con Estados Unidos para fortalecer su lucha contra el narcoterrorismo, que dará a Washington acceso a siete bases en Colombia.