En la primera reunión del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que definirá el recurso legal contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la diputación del PRI consideró que la opción más viable es la controversia constitucional.

Alfonso Navarrete Prida, quien coordina esa instancia legislativa, planteó que la acción de inconstitucionalidad sería cuesta arriba, porque para presentarla requeriría sumar el consenso de diputados y senadores.

Se dejó abierta la posibilidad de convocar a funcionarios del gobierno federal, e invitar a una representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para aportar información, ante la negativa de diputados del PAN de construir un acuerdo que obligara al grupo a tomar como base las opiniones de los trabajadores y de la administración de Felipe Calderón.

De inicio, el PAN pretendió limitar a tres las reuniones de trabajo antes de tomar una decisión y presentar una propuesta definitiva al pleno camaral. Francisco Hernández Juárez (PRD) planteó que ante la magnitud del conflicto, los diputados debemos ser generosos con el tiempo y no ser tan insensibles como para considerar que con dos o tres reuniones es suficiente.

Además, dijo, el conflicto no lo generaron la Cámara de Diputados ni los partidos, sino la insensibilidad del gobierno, y ahora nos hemos echado a cuestas contribuir a resolverlo y posiblemente quitarle al país un grave problema.

Tanto el líder de los telefonistas como los diputados Gerardo Sánchez (PRI), Ramón Jiménez (PRD) y Jaime Cárdenas Gracia (PT) plantearon la necesidad de escuchar a los trabajadores del SME, pero también requerir la información técnica en que se basó el decreto de extinción de Luz y Fuerza, y que el gobierno federal clasificó como reservada por 12 años.

No podemos de manera rígida, inflexible e insensible abordar un tema de interés nacional, que no se generó por una medida estrictamente jurídica, sino de una acción política irresponsable de Calderón, argumentó Ramón Jiménez.

Jaime Cárdenas planteó además que la Secretaría de la Función Pública debe explicar por qué avaló los resultados del convenio de productividad entre el SME y Luz y Fuerza en 2007, con el cual se demostró que la empresa sí cumplía con los requerimientos de productividad.

El panista Roberto Gil, quien ese año fungió como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, Germán Martínez, adujo que el grupo de trabajo no podía violar el mandato del pleno a este grupo de trabajo para recibir a los electricistas ni extralimitarse, pues sólo las comisiones ordinarias de la Cámara tienen la facultad de citar a comparecer a funcionarios públicos.

Además, sostuvo, la Auditoría Superior de la Federación recomendó en la revisión de la cuenta pública 2006 extinguir por decreto a Luz y Fuerza. En respuesta, Jaime Cárdenas sostuvo que las conclusiones del órgano fiscalizador se basaron en razones técnicas contables, y no en un análisis jurídico sobre las competencias del Ejecutivo o del Congreso.

Navarrete Prida pidió al grupo de trabajo facultarlo para gestionar ante el gobierno federal la entrega del diagnóstico de Luz y Fuerza elaborado por la Secretaría de Energía, y que sirvió de base técnica para el decreto presidencial de extinción de la empresa, para distribuirlo entre los legisladores.

Hernández Juárez entregó al grupo un documento con los fundamentos de la controversia constitucional, elaborado por un abogados que asesoran al SME.

Navarrete Prida aseguró que las conclusiones del grupo dejan a salvo los derechos de los afectados para que interpongan su juicio de garantías. Para que no parezca que nosotros hicimos una maniobra que les hizo nulo un derecho, pensando que somos instancia para resolver, acotó.