Este lunes se iniciaron las sesiones públicas del primer Tribunal Internacional de Libertad Sindical, el cual deliberará en los próximos seis meses acerca de si en México hay un problema integral de falta de libertad gremial y de intervencionismo gubernamental, como expusieron ayer frente a los miembros de ese jurado varios líderes sindicales, entre ellos Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Integrado por una veintena de expertos en materia laboral y en la defensa de los derechos humanos, este tribunal representa un ejercicio de justicia ciudadana inédito en el mundo, según palabras del historiador estadunidense James Cockroft, uno de los integrantes del jurado.

El veredicto final de este tribunal será presentado a las autoridades mexicanas federales y a todas las instancias internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo y el organismo para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Ayer, el ex templo de Corpus Christi fue abarrotado por juristas, estudiantes, académicos de diversas universidades públicas del mundo y por trabajadores electricistas. Ahí, una y otra vez retumbaron las voces de ¡duro, duro! y aquí se ve la fuerza del SME.

Afuera del recinto, en avenida Juárez, se apostaron cientos de trabajadores electricistas en apoyo a su dirigencia sindical.

Ante el tribunal ciudadano, Esparza cuestionó la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, además de poner énfasis en la gravedad de que más de 44 mil familias que dependían de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) se queden sin un ingreso por su trabajo.

El pasado proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue intervenido por el Estado con recursos económicos importantes de las cuotas de los trabajadores, para buscar imponer una directiva afín a los intereses privatizadores del gobierno, sostuvo.

“Hasta los que roban, los que asesinan, tienen derecho a ir a un juzgado para defenderse, para ser escuchados, tener el derecho de audiencia, pero es la forma en que está gobernando este Ejecutivo, mediante decretos, con el Ejército mexicano y la Policía Federal, de manera fascista.

No estamos de acuerdo con las autoridades, con los órganos de impartición de justicia en el país, desde la Suprema Corte, que no se ha pronunciado, desde el Congreso y desde la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la forma que está conduciendo la política laboral este gobierno, recalcó Esparza.

En representación de la causa general de sindicalistas disidentes habló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Durante su discurso, el también asesor legal del SME, recordó los casos recientes en que las autoridades laborales mexicanas han embestido a los movimientos sindicales.

El jurista criticó el caso de la persecución penal que enfrenta el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por no ser afín al gobierno y, por supuesto, también criticó la determinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien de manera arbitraria negó la toma de nota a Martín Esparza. Asimismo, sostuvo que el decreto presidencial que extinguió a LFC es totalmente inconstitucional.

Entre los miembros del tribunal mundial destacan intelectuales de la talla del escritor uruguayo Eduardo Galeano; la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, quien tiene un amplio historial en la lucha por la defensa de los derechos humanos; el juez venezolano especializado en el ramo laboral Rubén Darío González; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y el sacerdote dominico Miguel Concha Malo, articulista de La Jornada.

También conforman este grupo colegiado el abogado y asesor parlamentario de la Central Sindical Uruguaya, Hugo Barreto Ghione; la actriz y activista social Ana Colchero, además de los académicos de la universidad española de Castilla-La Mancha y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta Olmo, y el profesor decano en materia laboral Alfredo Sánchez Alvarado. Asimismo, presidentes de colegios de abogados, historiadores y académicos expertos en el área laboral de Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y México.

El próximo miércoles, el tribunal tendrá un fallo preliminar, y el primero de mayo de 2010, al final de la marcha por el Día del Trabajo, dará lectura al veredicto final.

Después de que concluyó el primer día de sesiones públicas del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –continúan este martes–, el historiador y politólogo James Cockroft, en entrevista con este diario, habló de los motivos que lo llevaron a participar en esta propuesta que nació hace un año, luego de una reunión entre líderes sindicales y que fue organizada por la dirigencia del Centro de Investigación y Asesoría Sindical.

Hay un ataque violento contra las y los obreros, no solamente del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país, sino en todas partes del mundo. La tradición democrática de ese sindicato es para nosotros una gran expresión y por eso seremos solidarios con esos trabajadores, expuso Cockroft.