l golpe del calderonato contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha ido desnudando al propio Ejecutivo federal como una instancia dedicada al coyotaje: más allá de ideologías viables o no tanto, las motivaciones principales de esta administración en cada uno de sus atentados contra la propiedad pública resultan ser las prisas por otorgar concesiones, contratos y favores diversos a las firmas de los amigos y de los aliados: ahora hemos podido conocer algo de la nómina de grandes consumidores corporativos de electricidad a los que la dirección de LFC les regalaba la electricidad o no se las cobraba, además de las dependencias públicas que no liquidaron sus adeudos con la entidad paraestatal extinguida por el gobierno espurio; ha salido a la luz, también, el empeño del grupo gobernante por entregarle al consorcio WL Comunicaciones la red de fibra óptica de LFC; la marginación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia LFC en los millonarios procesos de adquisición de electricidad por la dirección de Exploración y producción de Pemex, a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil, y el otorgamiento de tales contratos a dos transnacionales españolas. Lo que Javier Lozano tuvo el descaro de llamar la privatización silenciosa de LFC ha venido ocurriendo, en efecto, pero no ha sido a favor del sindicato, sino de los cuates y socios de Calderón. ¿Cuántas comisiones y de a cómo les habrán tocado a los integrantes de este gobierno por no cobrar la luz a grandes empresas, por facilitar redes de propiedad pública a corporativos particulares, por debilitar a las entidades públicas para que las privadas se fortalezcan?

Los agravios a la sociedad perpetrados por este régimen de coyotes han llegado a tal punto que hoy, en el escenario político, se encuentra la perspectiva de un paro nacional como punto de confluencia de diversas oposiciones. La idea –lanzada el sábado pasado en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, y al calor de la campaña de solidaridad hacia el SME– podría parecer temeraria y hasta descabellada, toda vez que no existe en México experiencia sindical ni política y lo más parecido a una paralización económica del país no ha sido consecuencia de una protesta opositora, sino del desempeño estúpido e irresponsable del calderonato ante la crisis en curso.

Desde 1936 no se ha intentado una huelga nacional y el tema ni siquiera se había planteado en los últimos seis años, es cierto. Pero el país tampoco había padecido una administración que conjugara ilegitimidad, ineptitud y corrupción en dosis tan masivas como la actual.

Es posible que la embestida oficial contra LFC y contra el SME contribuya a afinar el guión de este sexenio como no lo han hecho ni la inverosímil guerra contra el narcotráfico ni la intentona privatizadora de la industria petrolera del año pasado ni el empeño por reconcentrar la riqueza por medio de canalladas fiscales ni el súbito y fársico discurso presidencial que dio cuenta del descubrimiento de la pobreza en el país. Una buena parte de la sociedad –que excede ampliamente al movimiento lopezobradorista y al círculo de solidaridad directa con el SME– está harta del coyotaje institucionalizado y de la gestión administrativa enfocada a intereses amigos. Un paro nacional en protesta por ese estilo personal de gobernar puede conjuntar voluntades y energías sociales insospechadas. Por ahora no hay fechas ni rutas críticas, sino una mera idea que se robustece y alimenta por la indecencia misma del actual régimen. A ver.

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