esulta difícil entender las conciencias tranquilas del calderonismo, así como su concepción estrecha de la legalidad. Ambas son altamente cuestionables; las primeras porque no resisten el mínimo análisis ético: ¿qué valor intrínseco puede observarse en el hecho de colocar en la calle a más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por obra y gracia del uso de la policía y la emisión posterior del llamado decreto de extinción?

Está visto desde 2006 que no es la ética lo que campea en Los Pinos. Por lo que se refiere a la legalidad del decreto referido, tendrá que revisarse en el ámbito laboral y constitucional. Ojalá en estos espacios se amplíe la visión y sus decisiones transiten por el camino que Habermas ha referido: no hay derecho sin validez, pero tampoco hay derecho sólo con validez, y así da entrada al principio de legitimidad para destacar que es la suma de ambos conceptos lo que construye el derecho. Y no se trata de una mera disquisición teórica, sino de abrir horizontes democráticos y de justicia en el actual conflicto, que siendo laboral no lo es únicamente.

Así planteado podemos preguntarnos: ¿en aras de qué valor superior se pasó por encima de los derechos constitucionales de los trabajadores?, que por cierto van más allá de sacar las cuentas de una liquidación y copetearlas, diría Fox, a fin de promover divisiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cual variante de aquello de sacar el agua al pez. ¿Cuáles son los fundamentos para que sin haber sido oídos ni vencidos en juicio los trabajadores resultaran culpables a los ojos del calderonismo de la supuesta deficiencia de la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Por qué resultan los trabajadores los únicos responsables de la conducción de una empresa pública que tiene una dirección oficial y un órgano de gobierno?, porque no estamos hablando de una cooperativa.

Antes que en tribunales, el gobierno prefirió litigar en los medios y ha promovido la satanización del SME y pretende explotar en su favor las divisiones internas del sindicato sin que siquiera a ese nivel informe sobre las implicaciones de traspasar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los gravísimos problemas atribuidos a la extinta, la concentración en una sola empresa del servicio de energía eléctrica o los planes de promover o concesionar, no lo sabemos, el uso de fibra óptica en el centro del país.

¿La CFE, según el gobierno, está libre de riesgos? ¿Esa empresa sí es eficiente y cuenta con la capacidad de absorber de un día a otro una ampliación de los servicios que prestaban más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? Pero algunos medios y formadores de opinión repiten sin cuestionar el discurso de la ominosa campaña oficial.

Mientras el calderonismo reafirma que tiene su conciencia tranquila con la lógica fundacional del haiga sido como haiga sido, afuera de los locales del SME están los trabajadores en asamblea permanente escuchando por altavoces la información de sus dirigentes, ya que el auditorio es insuficiente para darles cabida.

Se pueden observar las miniasambleas de grupos de trabajadores que comentan entre ellos lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada preguntaban a Martín Esparza cuánto duraría el conflicto y él les respondió con entereza que no tenía la respuesta, y les refirió que los mineros duraron dos años y que Ruta 100 lleva 14. La angustia y la indignación se reflejaban en los rostros de quienes han dedicado su vida a laborar en Luz y Fuerza del Centro o quienes creían que contaban con un empleo seguro.

En los pequeños grupos alguien tomó aire y valor y comentó: hay que aguantar. ¿Conciencias tranquilas? ¿Podemos imaginar las interrogantes de las familias de los trabajadores a quienes arbitrariamente se les quitó la fuente de trabajo?

Así que sólo la dimensión humana es motivo suficiente para inquietar la conciencia, si se tiene. Sin embargo, el significado de la medida que se tomó es más expansivo: atañe al rumbo del país, a la tensión por avanzar en lo que el salinismo abrió como reformas estructurales, tocando uno de los pilares del pacto social, como fue el contenido del artículo 27 constitucional; entonces también se habló de la ineficiencia de los campesinos y ya vemos en qué situación está el campo.

Lo que el calderonismo colocó con su atrabiliaria decisión es una prueba de fuego y una bomba de tiempo para el conjunto del movimiento social. La movilización extraordinaria del pasado 17 de octubre solamente sirvió para que el gobierno hablara de diálogo sin negociación –y sin sentido, agregaría–, por ello el escenario de la resistencia civil pacífica y el impacto nacional de la misma es indispensable sin dejar de lado el frente jurídico, de lo contrario se avanzará hacia un Estado sin responsabilidades sociales que implante el autoritarismo antes que la democracia. La guerra contra el SME es sólo un paso más en esa ruta.