Un total de 266 centros comunitarios en el DF están en riesgo de cerrar sus puertas el próximo 30 de octubre ante las nuevas disposiciones de la SEP a raíz de la tragedia suscitada en la guardería ABC de Sonora, con lo que se quedarían sin el servicio de custodia y de educación prescolar alrededor de 12 mil menores de edad de colonias populares.

Así lo aseguraron representantes de estos centros escolares en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde se acordó ante el pleno solicitar a las autoridades capitalinas que intercedan para que se obtenga una prórroga para cumplir con medidas como contar con el uso de suelo adecuado, seguridad estructural y dictámenes de protección civil.

El tema, inclusive, unificó a los grupos parlamentarios de PRD y PAN. De este último, la diputada Lía Limón, quien a nivel federal fuera responsable de las estancias infantiles, consideró que no se puede utilizar la tragedia ocurrida en Sonora en detrimento de las madres de familia. La solución no es cerrarlos, sino ayudarles a tener las condiciones de seguridad que se requieren, apuntó.

Según el punto de acuerdo que promovió la diputada del PRD Aleida Alavez, a partir de lo ocurrido en la guardería ABC, la SEP ordenó la revisión de las condiciones de los centros comunitarios y dispuso la cancelación del acuerdo 358, mediante el cual operan estas estancias, y fijó como fecha para que entre en vigor el próximo 30 de octubre.

Muchos de los centros comunitarios que funcionan como guarderías están habilitados en casas habitación, por lo que no cumplen con las normatividades de la SEP. Imagen de archivoFoto María Luisa Severiano

En nombre de las educadoras, María del Rocío Pineda, del Centro Comunitario Gely, en la delegación Iztapalapa, explicó que en el fondo lo que se busca es privatizar este tipo de servicios, porque ahora estarían obligados a constituirse en entes privados con nuevas reglas de operación.

Aseguró que se cuentan con las medidas de seguridad en los diferentes centros comunitarios, la mayoría de los cuales llevan abiertos más de cuatro décadas, pero les han pedido cubrir ciertas exigencias, como el uso de suelo adecuado y dictámenes de protección civil, que en seis días que faltan para que se venza el plazo es imposible cumplir.

En cuestión de seguridad somos las más interesadas e involucradas para cubrir esa parte, agregó, tras señalar que están a la espera de los resultados de la revisión que realizó la Secretaría de Protección Civil.

La educadora explicó que muchos de estos centros comunitarios están habilitados en casas habitación o espacios que donó la comunidad y que prestan sus servicios a familias de escasos recursos, quienes pagan una cuota simbólica de entre 80 a 120 pesos a la semana, con un horario de ocho a las 18 horas.