Doscientas 80 unidades habitacionales, que aglutinan alrededor de 500 mil casas en el estado de México, fueron construidas ilegalmente, con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), por empresas como Geo, Demet, Ara y Urbi, denunció el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.

En conferencia de prensa, el presidente de esa organización, José Humbertus Pérez, manifestó que la Procuraduría General de la República no ha querido proceder jurídicamente contra el ex director de la SHF, Guillermo Babatz Torres, a pesar de que se ha demostrado que dichas autorizaciones fueron ilegales y que éstas se otorgaron durante los gobiernos de Vicente Fox y Arturo Montiel.

Según Pérez Mendoza, “en el sexenio foxista se desvirtuó el marco normativo de la SHF y con recursos de la Federación se impulsó un mercado oligopólico en la edificación de casas.

La SHF se convirtió en la banca de las constructoras de vivienda. Así, tenemos que en 2005 las ventas de las seis desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Geo, Homex, Urbi, Ara, Sare y Consorcio Hogar) ascendieron a casi 12 mil millones de pesos, recursos equivalentes a más de 50 por ciento del presupuesto total asignado para ese año a la Secretaría de Desarrollo Social.

El dirigente del frente aseguró que 280 desarrollos inmobiliarios, que se localizan en 25 municipios mexiquenses, fueron construidos de manera irregular. También se utilizaron materiales de mala calidad y las casas se vendieron en al menos el triple de su valor. A pesar de los malos materiales y de peritajes sobre fallas en estructura, no hay quién se haga responsable de resolver esos problemas.

Ante esa situación, Pérez Mendoza aseveró que las deficiencias han sido avaladas con la complicidad de la SHF, pues es quien autoriza los avalúos de la edificación de casas y es inaudito que un órgano del Estado mexicano se preste a cometer fraudes que dañan a miles de familias mexicanas.

Agregó que las constructoras mencionadas han defraudado aproximadamente a 500 mil familias, en virtud de que las autorizaciones son inconstitucionales, porque las licencias de uso de suelo fueron aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado de México y no por los municipios.