Al continuar las comparecencias de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nueve candidatos coincidieron en que los retos principales del nuevo ombudsman serán recobrar la credibilidad y autoridad moral de la institución, dejar de lado estridencias y conveniencias políticas, avanzar en la autonomía del organismo, y operar los recursos financieros con transparencia y austeridad.

Cuestionados en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, todos, excepto el jurista Gerardo Felipe Laveaga, respondieron que de manera paulatina los militares deben regresar a sus cuarteles, a fin de que el combate a la delincuencia organizada quede a cargo de los cuerpos policiales.

Dos de quienes ayer comparecieron ante las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Luis Raúl González Pérez y Javier Moctezuma Barragán, fueron cuestionados por legisladores de PRD y PAN en torno a temas polémicos de su trayectoria profesional.

Al abogado general de la UNAM con permiso, el senador del PRD Tomás Torres lo cuestionó por su actuación como fiscal especial de la investigación en torno al asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Usted defendió la tesis del asesino solitario y dejó el expediente en reserva para que con el tiempo se muera definitivamente y se olvide el delito, le señaló el perredista. González Pérez le respondió que se siente orgulloso de esa investigación científica, en la que se utilizaron técnicas que no se habían aplicado antes. Agregó que ello lo aplicó luego al caso Aguas Blancas. Su diálogo con los senadores se llevó 52 minutos.

Moctezuma Barragán, otro de los candidatos considerados fuertes, enfrentó la crítica del PAN por conducto de la senadora Adriana González Carrillo, quien le pidió aclarar si es cierta la acusación de que fue responsable de la salida del país del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.

Decir que yo fui quien instrumentó la salida de un altísimo funcionario de la ONU es darme un nivel que no tengo. No tengo el poder para remover gente, creo que fue un proceso de cambio normal, contestó el aún secretario técnico de la CNDH, cuyo intercambio con los senadores fue el que más se prolongó, al alcanzar poco más de una hora.

Guadalupe Morfín Otero, ex defensora de derechos humanos de Jalisco y ex fiscal de la PGR para la violencia contra las mujeres, difirió de los señalamientos de varios de los comparecientes en torno a que el nuevo titular de la CNDH debe prescindir de la estridencia: México pasa por momentos sombríos, cada día está a punto de encenderse la chispa que dinamite y socave la concordia que nos resta. No se le pida a su defensora o defensor que no sea protagónico cuando su voz tenga que sonar fuerte.

Aclaró que de ser electa, será una defensora para la paz, que dialogará, como siempre lo ha hecho, con el gobierno, la academia, los miembros de las fuerzas armadas y las corporaciones civiles.

Las críticas más severas a la actuación de la CNDH las formularon Gerardo Felipe Laveaga y Patricia Olamendi. El primero sostuvo que la comisión se convirtió en un órgano gigantesco, una oficina burocrática de quejas y denuncias, que empezó a copiar los trámites del Poder Judicial. Como está hoy la CNDH es prescindible.

Olamendi, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, criticó el dispendio que a su juicio hay en la CNDH, donde más de 50 por ciento del presupuesto se dedica a gastos administrativos, porque hay duplicidad de puestos y otras anomalías.

Ayer comparecieron también Raquel Gutiérrez Nájera, Lucracia Ortega Sánchez, Francisco Javier Jasso y Alejandro Fermín Ortiz Peña. La sesión duró cinco horas y concluirá hoy, con la participación de otros nueve aspirantes a ombudsman.