n una votación dividida, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados decidió avalar, como parte de la Ley de Ingresos para el año entrante, un incremento de uno por ciento a la tasa del IVA –que pasaría de 15 a 16 por ciento–; un alza del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, y un tributo adicional de 3 por ciento a las telecomunicaciones, además de la aplicación de más gravámenes a los licores importados y al tabaco.

Pese a que se dejó de lado la pretensión gubernamental de gravar con 2 por ciento medicinas y alimentos –cuya aprobación hubiera constituido un despropósito y un agravio–, la contrapropuesta fiscal del tricolor reviste, al igual que el paquete económico presentado por el calderonismo, elementos altamente regresivos y da continuidad a la política de ensañamiento contra los contribuyentes cautivos y los sectores mayoritarios de la población.

Resulta difícil imaginar una medida más improcedente que el incremento a los impuestos en plena recesión económica: como han señalado diversos especialistas en la materia, la ampliación de los gravámenes encierra componentes inflacionarios, desincentiva el consumo y merma el mercado interno, obstaculiza la reactivación de las inversiones productivas y reduce, en suma, las perspectivas de salir de la actual crisis económica y superar los rezagos sociales que recorren al país.

El alza tributaria tendría algún sentido si los ciudadanos percibieran a cambio un mejoramiento en los servicios a cargo del Estado y en la gestión que éste hace de las finanzas públicas. Sin embargo, en los años recientes los contribuyentes han recibido, como contraprestación a sus impuestos, un sistema de salud pública abandonado; ciclos de enseñanza estatal sometidos a la astringencia presupuestaria y al poder de una cúpula sindical mafiosa y corrupta; un raquítico desarrollo en infraestructura, un desempleo creciente y una manifiesta incapacidad estatal para manejar en forma transparente y eficaz no sólo los recursos públicos, sino también los que pertenecen a los asalariados y sus familias, como quedó de manifiesto con la entrega de los fondos para el retiro a operadores privados e intereses especulativos.

Por lo demás, que los cambios a la propuesta calderonista se hayan concretado sin plantear alternativas sensatas y deseables, como el fin de los regímenes fiscales especiales o la aplicación de impuestos a las operaciones bursátiles, confirma el carácter oligárquico del binomio bipartidista que ha monopolizado el poder en los últimos años, y hace que cobren especial relevancia los señalamientos realizados ayer por el premio Nobel de Economía, James J. Heckman, de que el país enfrenta los estragos de una cultura política y económica de capitalismo de amigos.

El intento de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados por trasladar el costo político de estas alzas impositivas al partido en el poder es impresentable, pues el PRI cuenta con la capacidad legislativa suficiente –es la primera fuerza en San Lázaro y controla la Comisión de Hacienda– para desempeñarse como contrapeso del Ejecutivo, corregir los errores de la propuesta calderonista y dotarla de sensatez y viabilidad.

En suma, el paquete de medidas comentado no sólo es dañino para el país en términos económicos: también pone en perspectiva elementos deplorables en el ámbito de la política y confirma la insensibilidad social de la coalición política de facto que gobierna este país.